Reeditando en el plano diplomático la Triple Alianza militar que sus antecesores utilizaron en 1864 para declararle una cruenta y devastadora guerra al más pequeño pero digno país de Sudamérica, los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay se amangualaron para suspender temporalmente a Paraguay del Mercado Común del Sur, con el pretexto de “castigar a su clase política” por el mal llamado “golpe de Estado” contra el presidente Lugo. 

En eso terminó la apurada cumbre de Mercosur, reunida el viernes pasado en Mendoza, Argentina, donde la anfitriona Cristina Fernández de Kirchner, la brasileña Dilma Rousseff y el uruguayo José Mujica resolvieron suspender a Paraguay -miembro fundador del grupo- hasta cuando se realicen las elecciones presidenciales previstas para el 21 de abril de 2013. No se atrevieron, sin embargo, a decretar sanciones económicas, quizá porque no tenían argumentos para salir después a justificar ante sus coterráneos una medida de esa naturaleza que, como es obvio, implica graves perjuicios de lado y lado en materia comercial. 

El Congreso paraguayo utilizó una prerrogativa constitucional, según la cual “el presidente de la República, (y todos los funcionarios del alto Gobierno) podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes”. Luego dice: “La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria”. Así obraron las instituciones paraguayas, así lo aceptó la inmensa mayoría del pueblo y de hecho en Asunción y en todo el país se respira total tranquilidad y un acatamiento absoluto al nuevo Gobierno. 

Esa situación de orden interno -resuelta en forma soberana y con sujeción a su Constitución y sus Leyes por parte de los paraguayos- fue la oportunidad servida para que los socios de la nueva ‘triple alianza’ removieran el único obstáculo que existía para que su amigote venezolano pudiera coronar su aspiración de ser miembro pleno de Mercosur, al que puede ahora entrar por la puerta de atrás luego de esperar seis años, debido a la férrea oposición del Senado paraguayo, que siempre rechazó esa membrecía por considerar que el régimen chavista viola los derechos humanos, persigue a la oposición, cierra medios de comunicación adversos y, en general, se comporta como una dictadura. 

El diario ABC Color, de Asunción, publicó ayer un editorial que recoge e interpreta la indignación con que los paraguayos recibieron esa abusiva injerencia extranjera y, particularmente, de Brasil y Argentina, grandulones que siempre han mirado por encima del hombro a su pequeño vecino. Afirma el colega paraguayo que “Si se lo piensa detenidamente, es lógico que nuestros socios actúen con tal grado de indignidad y entreguismo. Tanto Argentina como Brasil y Uruguay le deben grandes favores al fundador de ese engendro dado en llamar ‘socialismo bolivariano del siglo XXI’... Para qué seguir departiendo con un socio pobre si pueden beneficiarse económicamente de los grandes negocios que les ofrece uno inescrupuloso e inmensamente rico, que despilfarra el dinero del pueblo al que mantiene oprimido”. 

En este episodio intervencionista se refleja lo que tanto hemos advertido aquí con relación a Brasil. ABC Color lo capta perfectamente: “Se nos deparó el trato que los imperios dispensan a una colonia bananera, hasta el punto que la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, en su delirio hegemónico, se permitió afirmar que realizará sus mejores esfuerzos para que las elecciones de abril en Paraguay sean democráticas, libres y justas”. Con gran dignidad, el Gobierno paraguayo rechazó la suspensión de Mercosur y la que se adoptó más tarde en la cumbre de Unasur, por considerarlas “ilegales, ilegítimas y violatorias -esas sí- del debido proceso”. El presidente Franco ironizó diciendo: “No asistiré a las cumbres, no habrá banquetes, ahorraremos plata, eso nos va a venir bien”.