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Editorial

Con la mano del Estado
26 de Marzo de 2013


La pregunta para los congresistas, que se hace extensiva al Ministerio de TIC, es si tienen tanta capacidad de controlar a la multinacional de Carlos Slim como la han mostrado frente a EPM, compañía pública propiedad de los medellinenses.


En la primera semana de sesiones ordinarias del Congreso, los senadores ponentes del proyecto de ley 141-2012  rindieron concepto favorable y entregaron el pliego de modificaciones a la iniciativa de los congresistas Eugenio Prieto, Juan Mario Laserna y Jorge Enrique Robledo, que propone que se establezca un marco normativo para que el control estatal garantice el libre mercado en las telecomunicaciones, hoy amenazado por una compañía que ha concentrado los clientes y comienza a negar el derecho de los ciudadanos a tener acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad.


La Constitución de 1991 promovió la apertura de las telecomunicaciones para garantizar que se ofrecieran servicios actualizados, de calidad y a bajo costo, condiciones que eran negadas por una empresa pública burocratizada, ineficiente e incapaz de actualizar sus costos a las realidades de un servicio que para entonces comenzaba a dejar de ser lujo para convertirse en necesidad. Veinte años después de esa apertura impuesta por la norma, Colombia podría regresar a ser sometida por un monopolio de hecho que cometería iguales tropelías contra el mercado.


La iniciativa de origen parlamentario propone que Colombia se sume a países como México, Argentina, Brasil y Uruguay, entre otros, que avanzan en la adopción de fuertes medidas regulatorias para garantizar a los ciudadanos el acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones, y crear para los competidores condiciones que les permitan luchar en condiciones equilibradas por la conquista del mercado. También, la Comunidad Andina de Naciones aconseja que se adopten marcos regulatorios que garanticen el cumplimiento del propósito de la apertura del mercado de telecomunicaciones.


Países que han exagerado al defender el concepto de libre mercado favoreciendo la minimización del Estado como guía de la economía y garante del equilibrio de los mercados, asisten a altísimas concentraciones en sus telecomunicaciones, con impactos negativos en precios al consumidor, calidad del servicio y acceso de los más pobres a servicios esenciales. La Ocde recomienda que el operador con mayor penetración no supere el 40 % del mercado, posición de la que México está muy lejos, pues la concentración en telefonía fija en manos de Carlos Slim (Claro) llega al 80 % y en telefonía móvil a 70 %.  En Colombia, el mismo organismo, usando datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, señala que Claro controla el 77,57 % de las llamadas de telefonía móvil. Somos el segundo país con mayor concentración en el mundo.


La concentración del servicio en un prestador dominante genera inconvenientes a los clientes, sometidos a pagar consumos que no hacen, a recibir baja calidad en el servicio, a pagar tarifas desproporcionadas. De acuerdo con Fedesarrollo, que está muy lejos de combatir el libre mercado, la concentración de la telefonía móvil en manos de Claro ha reducido la penetración de la telefonía móvil en un millón de usuarios, en 2011, y el ritmo de abaratamiento de costos, que en otros países cayeron en 16.5 % entre 2008 y 2010, en Colombia apenas lo hicieron en 8 %. Al tiempo que sufre el consumidor, el Estado ve disminuir su capacidad de controlar a quien se hizo a la mayor capacidad en el estratégico sector de las telecomunicaciones.


Dadas las condiciones del mercado colombiano hoy, este proyecto de ley tiene nombre propio, así como nombre propio han tenido las disposiciones del regulador que han limitado la capacidad de Empresas Públicas de Medellín de seguir desarrollando su potencial como generadora de energía hidroeléctrica para el mercado colombiano. En ambos casos, el legislador no actúa para molestar a la compañía que debe limitar su afán expansionista sino para ofrecer a los consumidores que quedarían en sus manos, oportunidades para escoger servicios de calidad, a bajo costo y con garantías de eficiencia. La pregunta para los congresistas, que se hace extensiva al Ministerio de TIC, es si tienen tanta capacidad de controlar a la multinacional de Carlos Slim como la han mostrado frente a EPM, compañía pública propiedad de los medellinenses.









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