Columnistas

¡Ya no podremos perder más!
Autor: Jorge Arango Mejía
2 de Diciembre de 2012


Fresca la sangre de la herida que nos causaron los burócratas de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, conviene analizar ese remedo de sentencia. Para ello hay que retroceder en el tiempo.

Fresca la sangre de la herida que nos causaron los burócratas de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, conviene analizar ese remedo de sentencia. Para ello hay que retroceder en el tiempo.


En 1846 se firmó el tratado Mallarino-Bidlack, por el cual la Nueva Granada concedió a los Estados Unidos de América el derecho a construir el ferrocarril trans-ístmico que permitió la fiebre del oro en California. A cambio, Estados Unidos se obligó a mantener nuestra soberanía en el Istmo. A comienzos de 1903, se firmó el tratado Herrán-Hay, para construir el Canal de Panamá. El Senado de Colombia, por torpeza y deslealtad de Marroquín y Caro, rayanas en traición a la patria, no aprobó este segundo tratado; con este pretexto, Estados Unidos desconoció los dos tratados y Teodoro Roosevelt, el del Gran Garrote, nos arrebató a Panamá: “I took Panama”…


En 1933, después de ganarle la guerra al Perú, se ratificó el Tratado Lozano-Salomón. A pesar de esto, se le entregó al Perú casi media amazonia colombiana –que ese tratado nos reconoció en 1922-, y a duras penas conservamos Leticia, en el extremos sur-oriental de la “bota Amazónica”. 


Basta ver los mapas que se publicaban en la Revista del Banco de la República alrededor de 1930. La extensión terrestre de Colombia era de casi dos millones trescientos mil kilómetros cuadrados. Ahora es menos de la mitad. “¡Si estas cosas dan ganas de llorar”!, como dijera el Tuerto López.


Algunos timoratos se apresuran a decir: Hay que acatar la sentencia. Yo, con plena conciencia de lo que digo, e invocando mi condición de ex presidente de la Corte Constitucional, sostengo lo contrario: no hay que acatar el fallo. Acatarlo sería un error. ¿Por qué? Por lo siguiente:


1º. La seudo-sentencia no está en firme. Hay recursos contra ella. Hay que ejercerlos sin que esto implique aceptarla.


2º. ¿Qué papel jugaron algunas compañías petroleras norteamericanas dispuestas a explotar petróleo en las aguas en disputa? Los magistrados de la Corte, así parezcan estatuas, son seres humanos expuestos a la corrupción, a aceptar sobornos. Si así hubiera ocurrido, no sería la primera vez.


El silencio del gobierno americano es elocuente por sí mismo: ¿no es, acaso, nuestro mejor amigo? ¿Además, no se ha conocido que algunos de los magistrados andaban en conciliábulos con los abogados y emisarios de Ortega?


3º. El derecho internacional público no es una ciencia esotérica, abstrusa, reservada solamente a 15 sabios –que tampoco lo son. No, como todo el derecho, está en códigos, en libros que cualquier abogado puede leer e interpretar. Y en Colombia hay abogados, y de los mejores…


4º. ¿Qué nos pasará si la República de Colombia no acata ni cumple ese engendro? Nada, absolutamente nada. Veamos:


No nos expulsarán de la ONU. Si no han expulsado a Irán, ¿por qué expulsar a Colombia?
¿Que nos privan de la jurisdicción de la Corte de la Haya? Mejor, para nada nos hace falta. Además, ya hemos renunciado a ella.


Pasarán años, 30 o 40, el mar seguirá en disputa, Colombia podrá explotarlo, Nicaragua, no. ¿Qué será lo peor que puede acontecer a la postre? Que la sentencia se cumpla y perdamos el mar que ahora nos quieren arrebatar desde un escritorio. No nos condenarán en costas, no nos impondrán sanciones desmesuradas, tampoco nos cobrarán indemnizaciones; y como la sentencia no es a favor de Estados Unidos, sino de Nicaragua, no nos invadirán.


No seremos tampoco un estado paria. Si no lo es Corea del Norte, ¿cómo podría serlo Colombia?  
No podemos caer en el desconcierto. Hay que rechazar los brotes de histeria, reprimirlos.


Y no temerle a Chávez. Yerra Daniel Samper cuando dice que Chávez podría hacer fracasar el proceso con las Farc, si no agachamos la cabeza. Él también tiene el problema de nuestra “costa seca” de la Guajira, resultado del laudo incompleto de la reina María Cristina, a quien Jorge Holguín premió con la Guaca de la Soledad.


¿O querrá otro regalo, como los Monjes? La dictadura de Roberto Urdaneta Arbeláez, mediante nota de 22 de noviembre de 1952, firmada por el canciller  Juan Uribe Holguín, entregó a Venezuela este archipiélago a cambio de Cheito Velásquez, guerrillero liberal. Nota que el Consejo de Estado anuló mediante sentencia de octubre 21 de 1992. Nada pasó: ¡los Monjes siguieron regalados! ¡Y muerto siguió Cheito, asesinado por el gobierno el 7 de septiembre de 1952!


Y no olvidar la Costa Mosquitia, entregada a Nicaragua por el tratado Esguerra- Bárcenas (¿cuál equidad, entonces, próceres de la CIJ?).


Finalmente, consultar a Enrique Gaviria Liévano, quien realmente sabe y predijo lo que acontecería.