Es claro que el Túnel de Oriente no es un proyecto viable ni pertinente para una ciudad-región que busca ser más sostenible. Sin embargo, la gran maquinaria mediática que tiene obvios intereses en la construcción del mismo, parece ser capaz de resucitarlo siempre.

Los argumentos en contra de la pertinencia de este proyecto surgen de diversas vertientes. Los ecologistas han demostrado el peligro que supondría la perforación de una reserva que provee agua a Medellín, Envigado, Guarne y Rionegro. Los pragmáticos han hecho innumerables llamados de atención acerca de la inequidad inter-regional en Antioquia; mientras varias subregiones sólo tienen acceso a trochas tercermundistas, en Medellín se construiría un proyecto multimillonario para reducir algunos minutos del viaje hasta Llanogrande. Los economistas no han podido calcular cómo le aportaría a la competitividad global de Medellín un túnel que privilegia el transporte individual y no fue diseñado para el uso del transporte pesado. Hasta los académicos hemos demostrado con cifras sólidas y ejemplos desde muchos países, que nuestra ciudad no debe buscar sobre-expandirse más; el conocido “fiasco de los suburbios” en las ciudades gringas nos recuerda que así empieza la muerte de las grandes ciudades.

Las obras del túnel están suspendidas desde marzo, luego de que el ministro Frank Pearl lo ordenara en enero. En su momento, aplaudimos la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, ya que reflejaba gran valentía política. Las críticas no tardaron en llegar, atacando sistemáticamente al Ministro, y luego a la nueva administración departamental, quienes realmente no tienen competencia en relación a la validez de la licencia ambiental. Hoy, algunos ya piensan que esa campaña sistemática en contra de la decisión puede estar a punto de surtir efecto.

Todo parece indicar que la licencia que le otorgó Cornare al proyecto de túnel pudo haber sufrido una serie de irregularidades. Aunque el proyecto original del 2002 cambió sustancialmente durante la administración de Luis Alfredo Ramos, la licencia otorgada en ese momento simplemente fue ajustada a lo que era un proyecto nuevo. Cuando la ciudadanía empezó a lanzar juiciosas voces de alerta, el Ministerio le pidió a Cornare las certificaciones de que estos nuevos diseños del túnel habían aprobado los estudios ambientales correspondientes y allí llegó la sorpresa: no sólo faltaban datos sino que los discos compactos que se mandaron desde Cornare al Ministerio resultaron vacíos.

El último capítulo de esta novela política llegó la semana pasada. Quienes confiábamos en que la recientemente creada Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), finalmente fuera a establecer una vigilancia seria al impacto del proyecto, nos llevamos una gran sorpresa con la ambigüedad de sus funcionarios. Al devolverle a Cornare la competencia ambiental sobre el túnel, sin aclarar siquiera si esa licencia fue otorgada cumpliendo con todos los requisitos, los funcionarios de esta novedosa agencia claramente se están “lavando las manos” al mejor estilo Poncio Pilatos. Infortunadamente, el presidente Santos, en consistencia con sus locomotoras, ya ha empezado a pronunciarse a favor de la validez de la licencia actual, por lo tanto, es urgente que la ANLA siente una posición clara en relación a la licencia.

Pareciera que los funcionarios de la ANLA están tratando de resguardarse en pasarle la responsabilidad a otras dependencias. Es obvio que los grandes poderes detrás del túnel podrían contribuir a esta ambigüedad, ¿pero acaso no es precisamente esa la responsabilidad de los servidores públicos que deben proteger nuestros recursos?

Nuestros actores políticos deben pensar más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones, y a mí algo me dice que el ministro Pearl se identifica más con lo primero. ¿Será que él nos ayuda a disminuir la ambigüedad de la ANLA?