Hoy hace 21 años promulgamos una nueva Constitución Política, al término de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue un momento de gloria y de muchas esperanzas para el país. Nunca antes funcionó una corporación de esa naturaleza elegida popularmente, ni nunca fue posible consolidar un constitucionalismo tan democrático, tan de la gente, apoyado en la soberanía popular y sentidamente comprometido con la noción de Estado Social de Derecho.

Más de cuatro lustros no han alcanzado para poner en vigencia todas sus cláusulas. Al contrario. En el Congreso de la República, muchas veces bajo la inspiración de los gobiernos de turno, se la ha reformado sin necesidad y sin misericordia. No obstante, se mantiene su filosofía, gracias a la cual el país ha podido soportar estos 21 años de sobresaltos. Muchos critican a la Constitución de 1991; pocos se han puesto a pensar lo que hubiera sido de la democracia y de la vida y suerte de muchos, si se hubiera seguido gobernando al son de las normas contenidas en la Constitución de 1886.

Imagínense: Estado de Sitio permanente; Consejos Verbales de Guerra para los civiles; detenciones administrativas; gobernadores y alcaldes nombrados por el gobierno nacional; cooptación en Corte y Consejo de Estado; inmunidad parlamentaria; Banco de la República dependiente de la Presidencia; sin Planeación; sin Tutela; sin Justicia independiente; sin Acciones Populares; sin Corte Constitucional; sin Fiscalía; sin Defensor del Pueblo; sin regulaciones para los servicios públicos; con una Procuraduría subalterna del gobierno; sin libertad religiosa; sin definiciones sobre igualdad étnica y de género; con censura de prensa; con solo dos Partidos políticos, en fin, algo realmente distinto a lo de ahora.

Pues esta democracia, los derechos ciudadanos, la justicia independiente, no les gustan a algunos que han comenzado a promover otra Constituyente para que expida una nueva Constitución. Añoran el conservadurismo de Caro y la volteada de Núñez. Quieren un régimen autoritario con facultades extraordinarias al Ejecutivo para poder mandar sin talanqueras, instituir un sistema rígidamente policivo, tal vez instaurar la pena de muerte, controlar las noticias, declarar la guerra a los vecinos que no comulguen con sus ideas; privilegiar una sola opción partidista y colocar a los jueces a sus omnipotentes órdenes. Ah…., también instituir la reelección presidencial indefinida.

Este clamor coincide con la creación de una organización contra el terrorismo, como si en Colombia no hubiera autoridad y fuera cierto que se le ha dado vía libre a la delincuencia en sus distintas modalidades. ¿Acabar el terrorismo con terrorismo? Esta y la anterior son acciones de alto contenido político partidista, con dimensión electoral, absolutamente sincronizadas.

Lo que debemos hacer los colombianos es apoyar la Constitución y conformar un gran Frente de Defensa de la Democracia, para que se respete la vida, se reconozcan los derechos ciudadanos, no vuelvan ni las chuzadas ni los falsos positivos, funcione la libertad de prensa y seamos respetados a nivel internacional. Como están las cosas, no es mucho pedir.