Columnistas

La cuestión agraria
Autor: Dario Valencia Restrepo
26 de Junio de 2014


En el partido Conservador de Colombia existe una corriente ilustrada y progresista que “par excellence” es representada por Juan Camilo Restrepo.

En el partido Conservador de Colombia existe una corriente ilustrada y progresista que “par excellence” es representada por Juan Camilo Restrepo. Ha sido senador y aspirante en su partido a la candidatura presidencial, y tales sus méritos como estadista que tres gobiernos nacionales, ejercidos por partidos políticos diferentes, lo han nombrado ministro, respectivamente, en las carteras de Minas y Energía, Hacienda y Agricultura. Su sólida formación académica en la Universidad Javeriana, la London School of Economics en el Reino Unido y la Sorbona en Francia lo han llevado a regentar con lujo de competencia la cátedra universitaria. Producto de esta labor es el monumental tratado “Hacienda Pública”, ahora en su novena edición a cargo de la Universidad Externado de Colombia, por cuyas 683 páginas el autor discurre, en forma didáctica gracias a unas lecciones como él las llama, sobre un tema que se ha vuelto interdisciplinario y de acusada importancia por la posibilidad redistributiva que entrañan, en un mundo de creciente desigualdad, la tributación, las transferencias y la aplicación del gasto público.


El interés primordial de esta columna es referirse a la publicación en el mes de junio de este año, por parte de la editorial Penguin Random House, de “La cuestión agraria – Tierra y posconflicto en Colombia”, un libro con la autoría del mencionado exministro y de Andrés Bernal Morales, este último jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Agricultura cuando aquel fue titular del mismo entre 2010 y 2013. Se trata de un libro trascendental sobre la situación y perspectivas del campo colombiano a la luz de lo realizado por el Gobierno Nacional en dicho lapso y de su relación con el acuerdo sobre el Punto 1 “Política de Desarrollo Agrario Integral” al que se llegó en las conversaciones de paz en La Habana.


Al considerar el problema de la tierra como raíz del actual conflicto, el Gobierno Nacional se empeñó en sus primeros tres años, tal como se describe y cuantifica en el libro, a la formalización de la propiedad agraria, a la recuperación de baldíos indebidamente habidos o adjudicados y, sobre todo, a la restitución de tierras a víctimas del despojo o el desplazamiento, tarea esta en extremo difícil ante la necesidad de crear una jurisdicción agraria, respetar el debido proceso, “pisar callos” y enfrentar la oposición violenta de algunos victimarios. Los autores se lamentan del freno que han sufrido las acciones de recuperación del campo en los últimos nueve meses, como resultado de la lamentable salida del ministro Restrepo por razones de la pequeña política y de los grandes intereses que gravitan en el medio rural. Pero el mandato por la paz recibido por el presidente Santos exige pisar a fondo el acelerador en estas materias y hacer realidad la función social y ecológica de la propiedad.


Por su parte, las Farc han abandonado las posiciones maximalistas de pasadas conversaciones de paz, tal como lo indica un gráfico del libro que muestra su evolución desde 1964 hasta 2000. También, en un cuadro de doble columna, se incluyen las propuestas de las Farc desde su fundación y frente a las mismas aparecen las posibles respuestas del Gobierno a partir del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural (sin aprobación en el Congreso y pendiente de consultas con comunidades). Este detallado ejercicio permite deducir que diferentes políticas y acciones del Ministerio de Agricultura se adelantaron o sirvieron de insumo al mencionado Punto 1 y que es de justicia continuarlas, fructifiquen o no las conversaciones en Cuba.


El libro en cuestión es de particular importancia para aquellos que se oponen al proceso de paz en razón de lo aprobado o porque insinúan la existencia de acuerdos debajo de la mesa. Como actor del proceso, el exministro Restrepo desmiente esto último e incluye en el Anexo No. 1 el texto completo de lo acordado en el Punto 1. Una lectura cuidadosa y desprevenida muestra que en nada se vulnera allí el Estado de derecho o la Constitución, ni se han puesto en entredicho la propiedad con justo título o la existencia de empresas agropecuarias legítimas, y que lo propuesto es indispensable, en un eventual posconflicto, para alcanzar una paz duradera. Por supuesto que es entonces imperativo un compromiso nacional con unas políticas públicas que corrijan la muy alta concentración de la propiedad y la carencia de bienes públicos en el medio rural, así como el enorme desequilibrio entre la ciudad y el campo.


Finalmente, algunos argumentan que falta por definir el alcance de las llamadas zonas de reserva campesina (ZRC) y mencionan la propuesta de las Farc según la cual se destinarían nueve millones de hectáreas a dichas zonas (en la actualidad, apenas 4,5 millones se dedican a la agricultura), las cuales tendrían todo tipo de autonomías. Basta recordar que las ZRC fueron creación de la Ley 60 de 1994 y que ya existen varias de ellas. Además, dice el aparte pertinente del Punto 1 que el Gobierno Nacional apoyará las zonas constituidas y las que se constituyan: “… siguiendo lo dispuesto en las normas vigentes…” Finalmente, ante una propuesta de las Farc sobre las ZRC, existen tres instancias para su valoración y aceptación: la mesa de conversaciones, El plebiscito o referéndum que permitirá conocer la opinión del pueblo colombiano y el congreso que deberá aprobar las leyes que lleven a término lo acordado.