En la Procuraduría, en Bogotá, revisan el caso de Rodrigo Mesa Cadavid, el diputado que queriendo asegurar un titular de prensa encontró una destitución e inhabilidad por 13 años. En primera instancia fue sancionado por las desobligantes referencias al Chocó, por inconsistencias en su hoja de vida y por un intento de entorpecer la investigación, cambiar las cosas y confundir. Se hizo evidente su torpeza.

Mesa Cadavid genera muchas desconfianzas en su forma de hacer política, pero le ha valido para mantenerse en la Asamblea de Antioquia dos décadas. Pero aún entre quienes lo miran con suspicacia, sorprendió el tamaño de la sanción. Comparable a la de Alonso Salazar. Para muchos exagerada y para el procurador, consecuente con la valoración de sus actos.

Es el rostro de la justicia disciplinaria, que comporta además del castigo al investigado, un mensaje de advertencia a sus similares. Un efecto ejemplarizante para quien viole las normas. Una realidad que genera suspicacias en casos de gran atractivo para la prensa nacional, en momentos en los que el procurador Ordoñez le coquetea a la reelección e incluso habla de una candidatura presidencial.

Dos casos diferentes entre sí y con protagonistas opuestos, unidos por la figuración nacional. Está claro que el diputado Mesa fue ofensivo con la gente del Chocó. No hay duda de que su escatológica referencia da cuenta de su capacidad intelectual. Pero dudo que una publicación de datos en internet, que no le es atribuible a él a no ser que esté sustentada en diplomas falsos (lo que sería un delito), tenga la pretensión de lucro que se le atribuye. Con el respeto que merece el oficio que amo y ejerzo me pregunto, qué le aportaba decir que era periodista.

Sin embargo, para eliminar dudas, no estoy defendiendo a Rodrigo Mesa ni abogando por él. No me interesa. Mi preocupación es cuánto tiempo le dedica nuestro sistema al caso Mesa, cuando hay denuncias concretas de falsificación de documentos en las hojas de vida de directivos de UNE que, con toda intención de beneficio propio, mintieron para acceder a altos salarios y mejores beneficios. ¿Qué pasa con las investigaciones por las burlas al proceso de selección de personal, las denuncias de indemnizaciones irregulares y tantas otras presuntas faltas fiscales y disciplinarias cuando menos?

Esas denuncias se han quedado en pocas voces y una que otra letra en este diario. No hay reflectores ni tampoco titulares y por ahora tampoco sanciones “ejemplares”. Mientras tanto, una empresa extranjera hace un diagnóstico parecido al que otra hizo, que se pagó y no se adoptó. Ah, y siguen sonrientes los mismos que hicieron contratos leoninos y pagaron meses de 33 días en servicios; los que contrataron, sin proceso previo, a amigos, cuñados y novios. Si el castigo a la verborrea es ese, habría que ver la sanción por los manejos en UNE, pero seguro se impondrá otra vez la tesis del manejo privado a una empresa pública y los responsables saldrán premiados.