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El orden público
Autor: Jorge Arango Mejía
25 de Marzo de 2012


Lamentablemente, la jurisprudencia equivocada que se impuso en la Corte Constitucional convirtió la conmoción interior en una herramienta inútil.

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Una de las obligaciones que la Constitución le impone al Presidente, es la de “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”.Por encima de ella solamente hay una, que las comprende todas: la de cumplir la Constitución y las leyes.


Esa tarea la cumplió el anterior gobierno. Nadie puede negar que Álvaro Uribe recibió un país en total desorden, sometido al terror que imponían las Farc y el Eln. Los tres años largos que duró la tragicomedia del Caguán, los colombianos estuvieron a merced de esa cuadrilla de asesinos que tenían su fortaleza, sus prisiones, sus campos de entrenamiento y todas sus demás actividades criminales en los cuarenta y dos mil kilómetros cuadrados en los cuales el presidente Pastrana renunció a ejercer la soberanía. En un tiempo relativamente corto, las Fuerzas Armadas pasaron a la ofensiva y acorralaron a los delincuentes organizados. Uribe cumplió lo que había prometido en su campaña: restableció el orden y puso a los maleantes en desbandada.


Que se hayan cometido abusos y verdaderos crímenes, como los falsos positivos, es posible y parece innegable. Todo puede ocurrir en una guerra como la que ha padecido Colombia. Esos delitos, como todos los demás que se imputan a algunos que le acompañaron en el gobierno, tendrán que ser investigados, para que se haga justicia: que se condene a los responsables y se absuelva a los inocentes.


Ahora hay signos preocupantes, particularmente en el departamento del Cauca. No hay ninguna explicación para que las Farc mantengan esa región sometida al terror. Sus gentes ya han padecido lo suficiente. Esta sería una circunstancia en la cual habría que analizar la necesidad y la conveniencia de declarar el estado de conmoción interior, para dotar al gobierno de las facultades necesarias para hacer frente a los criminales.


Lamentablemente, la jurisprudencia equivocada que se impuso en la Corte Constitucional convirtió la conmoción interior en una herramienta inútil. Antes se partía de la base de que la declaración de conmoción interior si bien asumía la forma de un decreto, realmente era una decisión política que facultaba al presidente para dictar decretos destinados a conjurar las causas de la perturbación. Por eso, la declaración solo se examinaba en su forma. En cambio los decretos, verdaderos decretos en la forma y en el fondo, sí estaban sujetos al examen de la Corte Constitucional.


La declaración de la conmoción sí estaba sometida al control del Congreso. Por esto, el presidente tenía que informarle, motivadamente, sobre las razones que la habían determinado.


La Corte asumió, indebidamente, sin contar con las informaciones de las cuales dispone el gobierno, el examen de la declaración. Olvidó, además, que la declaración en sí, a pesar de tener la forma de un decreto, no puede de ninguna manera vulnerar ningún derecho fundamental. Son los decretos que se dictan como consecuencia de ella, los que pueden causar esos quebrantos, y por eso sí tienen que ser examinados por la Corte.


Pienso que en lugar de dedicarse a tramitar una reforma de la administración de justicia que a nada conduce, el gobierno debiera emplearse a fondo para proponer al Congreso la modificación del Artículo 213 de la Constitución. Esa reforma sería sencilla: bastaría establecer que la declaración del estado de conmoción interior, no está sujeta al examen de la Corte Constitucional, como sí lo están los decretos que se dictan al amparo de ella.


Hay que advertir, además, que conforme al Artículo 213 el estado de conmoción interior puede declararse en todo el territorio nacional o en parte de él. Ahora se podría hacerlo solamente en el Cauca.


Si alguien está interesado en conocer en detalle las razones por las cuales sostengo que la Corte Constitucional no tiene competencia para hacer el examen de fondo de la declaración de conmoción interior, le basta leer la aclaración de voto que hice cuando esa corporación declaró exequible el decreto que prorrogaba la que se había hecho con ocasión del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Es la sentencia C-153 de 1996.


Y repito: es hora de que el gobierno se dedique a estas materias serias y haga a un lado el frívolo entretenimiento de la reforma de la justicia.




Comentarios
1
JUAN
2012/03/25 02:44:04 am
¿Cuál Justicia? Acaso esa que cambió las otrora sagradas TOGAS, por delantales de verduleras? ¿Acaso esa y la de esos que hacen excepciones a la norma por una sóla vez, buscando favorecimientos propios o ajenos? No me canso de afirmarlo y preguntarlo. Juanfer






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