A los desastrosos índices de lectura que muestra el país, los mismos que sirven para que Colombia haga el ridículo en materia de educación, cultura y lectura en el concierto hispanoamericano y aún mundial, debería oponerse y practicarse una agresiva política de lectura, cimentada en la fundación, dotación y financiación de bibliotecas, amén de políticas claras y efectivas de lectura, que trasciendan la mera burocracia y la publicidad. Pero no. Parece que a muchos congresistas (no a todos, para fortuna de Colombia), definidores por excelencia del presupuesto Nacional, poco les importa el cuento de la lectura y, paralelo a ello, el asunto de la calidad educativa. El aserto, que parece salido de tono para con la majestad de los padres de la patria, es perfectamente comprensible si nos detenemos a pensar en la voracidad que demuestran a la hora de camuflar micos, con la idea preconcebida de los réditos económicos y políticos que estos han de reportar en el futuro inmediato.

El cuento (para parodiar a los promotores de lectura), dice así: el 15 de enero de 2010, rubricada por el entonces presidente del Senado, doctor Javier Cáceres, el inmaculado y querido ex secretario del Senado de la República Emilio Ramón Otero Dajud, a más de las firmas del presidente y secretario de la H. Cámara de Representantes, la ministra de Educación, la viceministra, y las demás de rigor, apareció, con el consabido “publíquese y cúmplase”, la Ley 1379, «por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones”.

Ella dice, en su artículo 1°: “Tiene por objeto definir la política de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, regular su funcionamiento y establecer los instrumentos para su desarrollo integral y sostenible. Esta ley se aplica a las instituciones, entidades, procesos y recursos relativos a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas coordinadas por el Ministerio de Cultura-Biblioteca Nacional de Colombia”.

En su artículo 5°, dice: “Además de los trazados en la Constitución Política y en la Ley General de Cultura, esta ley constituye un instrumento de apoyo para alcanzar los siguientes fines: 1. Garantizar a las personas los derechos de expresión y acceso a la información, el conocimiento, la educación, la ciencia, la tecnología, la diversidad y al diálogo intercultural nacional y universal, en garantía de sus derechos humanos, fundamentales, colectivos y sociales. 2. Promover el desarrollo de una sociedad lectora, que utiliza para su bienestar y crecimiento la información y el conocimiento. 3. Promover la circulación del libro y de las diversas formas de acceso a la información y el conocimiento”,… entre otros, al mismo tenor.

Acorde a esta ley, el 10% de la sobretasa del IVA a la telefonía móvil, se destinaría específicamente para la dotación de bibliotecas. Hoy resulta que la Comisión III de la Cámara de Representantes acaba de aprobar en primer debate el proyecto de ley 187 de 2012, “Por medio del cual se modifica el artículo 470 del estatuto tributario y se dictan otras disposiciones”, entre ellas, el desvío de los recursos del IVA (en promedio, unos $20 mil millones) de la telefonía celular a otros usos diferentes al citado fortalecimiento de las bibliotecas que ordena la Ley 1379 de enero de 2010. Este es un mico a la Ley de bibliotecas Públicas. Estamos hasta el cuello de micos, en especial de aquellos orangutanes a los que no les gusta ni la lectura, ni las bibliotecas.

Puntada final: cualquier política pública de lectura, como la que tiene Medellín, por ejemplo, hace que los planes y proyectos de lectura sean un logro ciudadano, no de un gobernante en particular, y por eso, por ser políticas públicas, requieren de la promoción y defensa por parte de la ciudadanía. No más orangutanes; con los cazados en la Reforma a la Justicia tenemos suficientes. ¿Usted qué opina, amigo lector?