Hay una discrepancia de fondo en el campo de la ética, un verdadero conflicto entre las éticas derivadas de confesiones religiosas y los valores que deben regir la vida pública. El punto en que chocan hoy es la posición sobre el aborto tal como está previsto en la ley de rango constitucional.

Sé que es un tema muy delicado de tratar, porque hiere sensibilidades de  partidarios de dicha norma y sus opositores. Por eso quiero hacer algunas distinciones –sé que son discutibles- entre la esfera del mundo privado y la del público en una sociedad pluralista y democrática como la nuestra. En una sociedad tal hay distintas creencias o credos, que van desde los que creen en cualquiera de las versiones del cristianismo, los que son judíos, musulmanes, etc., hasta los que no creen en dios. La regla de oro es que la creencia religiosa pertenece a la esfera de lo privado. Cualquiera tiene derecho a creer en lo que le parezca conveniente o convincente y a hacer proselitismo, si así lo desea; pero lo que no puede hacer es imponerla por la fuerza a los demás.

Por otro lado, la ley en una democracia expresa tanto lo que tiene derecho como lo que es obligatorio cumplir, cualquiera sea la creencia que el ciudadano tenga. ¿Cuál es el sentido social del mandato de una ley? Distingamos entre normas constitucionales y leyes que enuncian derechos que todo ciudadano, sin excepción debe tener, llamémoslos, derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la seguridad, al debido proceso, a la libertad de conciencia y expresión, para mencionar algunos; de otros, que favorecen a determinados grupos, para protegerles reivindicaciones justas, pero particulares (el derecho a la huelga de cierta clase de trabajadores) o que son generales pero no fundamentales, como el derecho a abstenerse de votar (siendo fundamental el derecho a sufragar).

Cuando se trata de un derecho fundamental, no es válido el argumento de que la mayoría tiene una determinada creencia y que puede usar la ley para imponerla, modificando o eliminando dicho derecho, generalmente de rango constitucional.

Esa es la gran contribución del liberalismo filosófico y político para evitar la tiranía de las mayorías, que por ese camino podrían imponer no sólo el veto al aborto según lo definido por la norma, sino a ordenar la profesión de determinados credos y a decidir qué es lo bueno para cualquier individuo, construyendo una sociedad “feliz” en la que todo mundo es bueno si cumple el dogma, pero en la que nadie puede discrepar porque automáticamente se convierte en disidente o impío. Piénsese en las dictaduras comunistas o en los estados teocráticos, que definen qué es aceptable creer y reprimen a los que no aceptan.

En un escenario democrático, lo políticamente correcto es que los derechos fundamentales sean respetados por todos y que aquellos que discrepan de ellos, simplemente no los usen. Si alguien no comparte la ley existente sobre el aborto, pues no haga uso de ella si estuviese en situación de aplicarla, y que haga todo el proselitismo que quiera para persuadir a todos los que pueda para que no la utilicen. Pero el respeto al derecho de no compartir la creencia es esencial para la convivencia social. Puede argumentarse que el aborto atenta contra el derecho fundamental a la vida, pero no hay un consenso científico sobre cuando el feto se convierte en ser humano, y jamás habrá un acuerdo sobre obligar a vivir a alguien al que ya en su etapa fetal se le detectaron malformaciones genéticas graves que le harán llevar una vida desgraciada por siempre.