Aunque los recursos para descontaminar el río están ligados, es decir, solo se pueden utilizar en ese fin, en juego están más de 12.000 millones de pesos anuales que llegan al Área Metropolitana por concepto de vertimientos. Archivo

Los procesos para definir la autoridad ambiental del Río Medellín se podrían comparar con el mismo afluente: largos y llenos de curvas entre las que se pierden las leyes que lo regulan. A menos de una semana de ser emitida la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, que dejó en manos del Área Metropolitana el saneamiento del río, Corantioquia anunció que demandará la decisión.

El primer capitulo de la historia, que busca resolver en los juzgados qué entidad manejará los casi 12 mil millones de pesos anuales por vertimientos al río se inició hace casi 6 meses.

En ese momento el Ministerio de Ambiente decidió entregarle la potestad a Corantioquia, al aplicar un aparte del Plan de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos en el que se dice que la cuenca de mayor extensión es competencia de las corporaciones autónomas.

Eso aunque en el Área Metropolitana aleguen que de los 100 kilómetros de extensión del río, desde su nacimiento en el Alto de San Miguel en el municipio de Caldas, hasta donde se convierte en el Río Porce, en Barbosa, son de su jurisdicción.

Por eso, dijo Carlos Mario Montoya, director del Área Metropolitana, que al tiempo en que se interponía un recurso de apelación a la decisión, la entidad continúo con sus proyectos de gestión ambiental de la cuenca.

“Entre la primera y la segunda decisión mantuvimos el ejercicio de la autoridad, lo único que cambia las cosas es en dejarnos la claridad y rectificar que sí es de nuestra competencia”, expresó Montoya.

Los procesos, que continúan en manos del Área son la gestión de permisos de vertimientos de empresas que necesitan sacar sus desechos de manera controlada al río. Lo que significa un aumento del control de estos químicos y seguimiento a las industrias para que cumplan los requisitos.

También se continúo aplicando las sanciones que dieran lugar por contaminación y se siguió gestionando proyectos interinstitucionales para mejorar la calidad ambiental en la zona. Según el director del Área Metropolitana, hasta se continúo con el plan de inversiones de 46 mil millones de pesos que se plantearon para obras ejecutadas en el 2012.

Sin embargo, aunque en esta instancia no aplica una apelación, el equipo jurídico de Corantioquia decidió ayer demandar la resolución. Según Luz Ángela Peña, directora encargada de Corantioquia, se basarán en los mismos argumentos técnicos del ministerio.

Para eso un grupo de abogados y asesores viajarán a Bogotá para revisar las normas vigentes y en una semana estaría lista la demanda o la acción de nulidad.