Territorio

Three southwestern municipalities say no to mining
Tres municipios del Suroeste le dicen no a la minería
Autor: Luz Avané Cataño
17 de Agosto de 2013


Juan Gabriel Uribe, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, señaló que el país necesita recursos, pero que estos no se pueden obtener a costa del medio ambiente.


Foto: Giuseppe Restrepo 

Corantioquia plantea que frente a los temas de formalización, se deberían tener términos de referencia diferentes para los pequeños barequeros, para el informal y para los que tienen una gran draga.

900 solicitudes de títulos mineros aproximadamente se radicaron en Antioquia el primer día de la reapertura de la ventanilla.


Debido a eso, algunos alcaldes del Suroeste antioqueño le expusieron sus argumentos al ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, de por qué no quieren la minería en sus territorios.


Jardín, Támesis y Urrao son específicamente los municipios que lideran el proceso en el que le dicen no a la minería. El principal argumento es que su vocación es agrícola y turística, no minera.


Juan Martín Vásquez, alcalde de Támesis, explicó que en su municipalidad no cabe la minería, por su condición geográfica, por el tema de aguas y porque es una zona de protección arqueológica de Colombia.


Igualmente, señaló que los concejos municipales de estos tres municipios han expresado su voz de rechazo. Aclaró que la minería debe hacerse donde se pueda, que en este caso su región no cuenta con las características para ello.


Por su parte, Álvaro Carvajal, alcalde de Jardín, argumentó que este pertenece a la red de pueblos patrimonio de Colombia, que es el municipio más turístico de Antioquia, y por eso han estado dando la batalla contra la minería, no prohibiéndola, pero si restringiéndola.


Agregó que Jardín es turístico, agrícola, cafetero y que tiene una sostenibilidad ambiental, por lo que cualquier tipo de minería afecta la vocación del municipio. 


Incluso, expresó que las regalías son muy importantes, pero que si les toca devolverlas lo hacen, porque no quieren cargar con una seguridad y un componente social degradado, que es lo que  tienen los municipios que son mineros.


Por su parte, Juan Gabriel Uribe, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, resaltó que en la reunión trabajaron ideas de cómo proteger y mejorar la vocación agrícola de los municipios, además de promover las actividades ecoturísticas.


Destacó que en el Suroeste hay una agenda ambiental bastante rigurosa, subregión donde le quieren dar especial protección a ciertos sectores.


Por otro lado, en el caso de Urrao, Edinson Muñoz, diputado de Antioquia, explicó que las razones que expone su alcalde para oponerse a la minería es que este es un municipio rico en biodiversidad.


Además, Alejandro González, director de Corantioquia, afirmó que el objetivo era poder generar un espacio donde los alcaldes le pudieran exponer sus argumentos al ministro, propósito que se logró, ya que cada uno pudo dar su visión y exponer los temores de la presencia de la minería en cada uno de sus municipios.


Situación actual de los municipios


Vásquez indicó que actualmente en Támesis no hay explotación minera, pero que han estado llegando personas con el interés de explotar y han tenido exploración por parte de una multinacional.


Informó que hay una dificultad con una mina antigua, que cuando iban a aplicar el cierre aparecieron con otro título entregado por la Secretaría de Minas del Departamento, pero que ese tema está en investigación.


En el caso de Jardín, Carvajal dijo que están concesionados en un 100 %, hasta la bocatoma de agua para el municipio, donde se están viendo afectados los habitantes del área urbana, sin contar a los del área rural, proceso en el que no se les ha tenido en cuenta.


Propuestas


Dentro de las propuestas hechas por los mandatarios al ministro, está que sus territorios se excluyan del censo nacional minero, ya que esta entidad va a declarar unas zonas de exclusión minera. “Es muy posible que nosotros quedemos ahí”, expresó Vásquez.


Por su parte, Carvajal recordó que los tres alcaldes del Suroeste presentaron un proyecto de acuerdo que fue denegado por la Gobernación de Antioquia, pero que con lo que pasó recientemente en el municipio de Piedras, en el departamento del Tolima, están pensando hacer una consulta popular al respecto, ya que es la comunidad quien debe pronunciarse.


Así mismo, puntualizó en que entienden la posición del Gobierno Nacional con la locomotora minera, pero que plantearon varias alternativas, que ya están en manos del ministro, que esperan sean tenidas en cuenta para la restructuración del código minero. “Esperamos ser escuchados y llevar este tema a un buen término”, concluyó.


Corantioquia también expuso nuevamente la propuesta que ya había hecho, específicamente sobre la necesidad de tener licenciamiento ambiental desde la fase exploratoria en el tema minero. 


De acuerdo con González, esto ayudaría en gran medida a solucionar los problemas que tiene el Suroeste, porque en la fase exploratoria no hay que pedir una licencia, entonces la comunidad y las autoridades no se dan cuenta cuando empiezan dichas exploraciones.


Añadió que con esa licencia se conocería de primera mano lo que se va a hacer y les permitiría tener un control detallado, que beneficiaría tanto a las empresas, a las comunidades, como a las autoridades ambientales. 


Con respecto a esta propuesta, Uribe reconoció su importancia, ya que en muchas ocasiones es en la etapa exploratoria donde se producen  grandes impactos ambientales.


Por otro lado, los mandatarios también estuvieron exponiendo su posición frente al tema minero en la Asamblea de Antioquia, en uno de los foros sobre aspectos tributarios  y ambientales de la minería, que está realizando esta entidad, para escuchar  a los distintos actores interesados en el tema,  con el fin de recibir insumos para construir el proyecto de ley que van a presentar para la reforma del código minero.


Muñoz explicó que los alcaldes exponen el argumento de que desde Bogotá realizan las concesiones sin consultarles y terminan cediendo títulos sobre las fuentes de agua y las reservas forestales de los municipios. Agregó que el objetivo del proyecto es proponer soluciones a temas como estos.


Agregó que debe haber una armonización entre el uso del suelo y el subsuelo, que los alcaldes y los propietarios deben ser incluidos, como también debe haber un concepto previo de la autoridad ambiental.


El ministro concluyó diciendo que con respecto a los municipios que no quieren la minería en sus territorios, lo que hay que hacer es dialogar, ya que el medio ambiente es un derecho colectivo.


Aclaró que no se trata de detener la locomotora minera, sino de que haya una minería responsable, regulada y una intervención directa del Estado en el momento que estén depredando el medio ambiente.



El caso de Titiribí

Diego Montoya, alcalde de Titiribí, quien también estuvo en la reunión con el ministro, expresó que su municipio es ejemplo por tener una minería legal. Explicó que han trabajado de la mano de las corporaciones ambientales en toda la reglamentación, con el fin de darle la protección y salvaguardar el medio ambiente.


Señaló que no se trata de que sea una multinacional o no, que lo que pasa es que la minería ilegal se ha escudado en las multinacionales porque saben que van a perder el negocio.


Igualmente destacó que cuando la minería se da de forma legal, hay mejores resultados para las municipalidades.