Foto: Cortesía  Según los directivos de Nopco, la construcción es amigable con el medio ambiente y no se producirán los problemas de los que se queja la comunidad.

En dos meses se conocerá la decisión que tome la Corporación Ambiental Cornare frente al otorgamiento o no del permiso para que comience a operar la empresa Nopco de Colombia en Marinilla.

Durante la audiencia que se realizó ayer en la sede de Cornare, que duró más de ocho horas, y a la que asistieron casi 200 habitantes de Marinilla, la comunidad mostró su inconformidad con la empresa que se trasladaría desde el municipio de Bello. Según los líderes comunales, con la operación de la compañía empezarán los  perjuicios ambientales en la zona.

Por eso, dice Laura Emilse Giraldo, directora jurídica de Cornare, empezará el tiempo de verificación de las pruebas entregadas de uno y otro bando para poder tomar una decisión sobre el futuro de la entidad que produce aditivos para alimentos, textiles, construcción e industria y que desde hace medio año construyó su planta de producción en este municipio del Oriente antioqueño.

En la audiencia, los representantes de Nopco aseguraron a la comunidad con certificados en mano que su empresa no es contaminante y que el único motivo para comprar el terreno en Marinilla, en donde construyeron la planta, fue la necesidad de ampliación.

Ante los daños ambientales, empleados y directivos de la empresa, aseguraron que en más de 20 años de funcionamiento en Bello, municipio en donde opera la actual planta, no se presentaron daños en la salud de los trabajadores ni vecinos.

Además que los diseños de la fábrica, que fue construida en el sector de Belén, cumplen con todos los requisitos ambientales y no perjudican el medio ambiente. Dice José María Gutiérrez, gerente general de Nopco, que solo se utilizará una chimenea, en el centro de la estructura y que es operada con gas, por lo que no tendría ningún problema de contaminación. Además que allí instalaron extractores de olores que reducirán uno de los principales temores de la comunidad.

Sin embargo, representantes de las unidades habitacionales cercanas a la empresa cuestionaron la calidad del aire que empezarán a respirar desde que empiece la operación y la desvalorización de las viviendas.

La comunidad también llevó dos derechos de petición, entregados por las administraciones municipales de Caldas y Guarne, en donde anteriormente la empresa había solicitado permiso de construcción y en donde, según ellos, se lee que no se entregaron los permisos de las oficinas de planeación de esos municipios y por lo tanto cuestionan el verdadero interés de la compañía para asentarse en su municipio.