Edison Muñoz, Héctor Jaime Garro y Jorge Iván Montoya, tras ser destronados en febrero, volvieron ayer, por decisión judicial, a la mesa directiva de la Asamblea de Antioquia.

Como la mamá que tiene que reprender al niño para que haga caso, la Asamblea de Antioquia necesitó de un drástico regaño, advertencia y una segura investigación de la justicia para que ayer su diputación volviera a la sensatez de la legalidad y, por fin, después de más de doce años, esta corporación volverá a mesas directivas de un año.

Así las cosas, después de haber sido derrocado, retornó ayer a la presidencia de la Duma Departamental el médico liberal Héctor Jaime Garro Yepes, y los vicepresidentes Edison Muñoz y Jorge Iván Montoya.

Estos tres diputados fueron elegidos directivos de la corporación el dos de enero pasado, pero fueron depuestos el 21 de febrero por una coalición de 15 diputados que eligieron como presidente a Julián Bedoya y vicepresidentes a Ricardo Valencia y a Rubén Darío Naranjo.

Estos tres últimos diputados fueron los que ayer entregaron la mesa directiva, luego que el pasado viernes el Tribunal Administrativo de Antioquia anulara su elección por visibles vicios de ilegalidad, además de compulsar copia de la contundente providencia para que otras entidades de control y de justicia investiguen a la diputación por el no acatamiento de sentencias judiciales.

Fue precisamente este traslado a otros organismos para que indaguen la actuación de los corporados de la Duma, lo que en el fondo llevó a que a la quincena en coalición le entrara el pánico, tirara la toalla y corrigiera la antijurídica actuación de no acatar el fallo de junio del año pasado del mismo Tribunal Administrativo de Antioquia, que ordenó, después de doce años, que las mesas de la Asamblea se deben elegir para un año y no para seis meses como lo venían haciendo ilegalmente desde 1999.

Pero este tardío acto de constricción jurídica no exime a la diputación de su responsabilidad, de una investigación y posible sanción por la Procuraduría ante la violación del Código Disciplinario Único, que podría acarrearles un castigo de suspensión por falta gravísima.

Pero lo peor es que a los diputados encartados, les podría originar una imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo, tanto de elección como por nombramiento.

Expertos advirtieron con tiempo, a los sordos y tercos quince diputados, de los problemas y consecuencias jurídicas a que se sometían si persistían en su erróneo accionar, pero nunca hicieron caso hasta que el Tribunal Administrativo de Antioquia los puso en su sitio.