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EFE

Luis Carlos Restrepo, comisionado para la paz durante el Gobierno de Álvaro Uribe, cuenta con una protección en el exterior que impide que sea capturado para que comparezca en el proceso judicial que se le sigue en su país, aseguró hoy su defensora, Mildred Hartmann.

"Él está protegido, en este momento está protegido, y no quisiera entrar en más detalles en ese sentido", expresó la abogada.

La jurista explicó que se reserva los detalles porque justamente tiene "motivos para proteger" las razones y los fundamentos por los que Restrepo no se ha hecho presente ante la autoridad judicial en Bogotá que el jueves ordenó que sea detenido preventivamente.

La decisión fue tomada por la jueza 62 Penal Municipal de Bogotá, Susana Rodríguez, tras considerar que el ex alto comisionado para la Paz ha hecho caso omiso de manera reiterada a los llamamientos para que comparezca en la audiencia convocada dentro del proceso que se le sigue por un supuesto falso desarme de guerrilleros de las Farc.

La "medida de aseguramiento", como se conoce en Colombia la orden de detención preventiva, es un paso necesario para que la Fiscalía General solicite a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la búsqueda y captura de un reo que esté en exterior.

Restrepo salió de Bogotá con destino a Washington el pasado 8 de enero, doce días antes de la primera convocatoria que se le hizo a una audiencia de imputación de cargos, vista que ante su ausencia fue aplazada un mes.

Al antiguo comisionado le fueron imputados los cargos de "concierto para delinquir, peculado por apropiación, fraude procesal, y porte, tráfico y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares".

Los cargos tienen que ver con una denuncia de falsa desmovilización, en marzo de 2006, de 62 supuestos integrantes del llamado frente Cacica Gaitana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en la población de Alvarado.

Muchos eran indigentes o desocupados reclutados y entrenados en horas, según la investigación de la Fiscalía, que también estableció que este proceso fue financiado por un narcotraficante que se infiltró como rebelde y que muchas de las armas que se entregaron entonces no servían.