La muerte de 17 civiles durante un bombardeo a la vereda Santo Domingo, en el departamento de Arauca, en 1998, llevará al Estado colombiano a una audiencia de dos días en la Cortes Interamericana de Derechos humanos.

En la audiencia los jueces escucharán a dos víctimas del hecho, así como a un testigo del Estado, y por último las partes expondrán sus alegatos finales.

La demanda, presentada ante la CorteIDH el 8 de julio de 2011, indica además, que tras el bombardeo que dejó otras 27 personas heridas, entre ellas varios menores de edad, la población de Santo Domingo tuvo que desplazarse a otros sitios y en enero de 1999 retornó para reconstruir sus viviendas.

"El Estado no llevó a cabo investigaciones serias y efectivas para identificar a los responsables intelectuales y demás responsables materiales y, en su caso, imponer las sanciones que correspondieran", señala la acusación de la que el Estado colombiano se ha defendido diciendo que la Justicia sí ha actuado para esclarecer el caso y que incluso ya existen condenas contra un piloto y un copiloto.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría dictar sentencia por este caso en los próximos meses.