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ICBF did not respect children’s rights
Icbf no respetó derechos de los niños
Autor: Juan Jose Valencia García
19 de Abril de 2012


La Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación denunciaron que por desórdenes administrativos en el Instituto se habían vulnerado derechos fundamentales de la niñez. Congresistas exigieron la renuncia del director nacional

Foto: Angela Patricia Zapata 

Tres meses acumulan 700.000 niños del país sin recibir el suplemento alimentario.

Diego Molano, director nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, respondió ante la Comisión Sexta del Senado de la República una serie de denuncias por mala administración, que según los congresistas, son recurrentes en los últimos ocho años en la administración del Instituto.  


Según Alexánder López, vicepresidente del Senado, 1’200.000 niños que se benefician de programas del Icbf tienen vulnerados sus derechos por falta de atención.


“Ahora existe una figura: operadores del Icbf, entidades que no tienen ninguna experiencia y que subcontratan a las 30.000 madres comunitarias que hay en el país”, denuncia López y agrega que es inaudito que estas mujeres, teniendo en cuenta las largas jornadas que cumplen protegiendo a los menores, no tengan al menos un salario mínimo.


Ilva Miriam Hoyos, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia y representantes de las madres comunitarias, que acompañan a los niños como voluntarias, coinciden con el senador. Según ellas, el Icbf continuamente tiene retrasos en la entrega de la beca mensual y además incumplió la promesa de afiliarlas a Sistema General de Riesgos Profesionales.


El vicepresidente del Senado asegura que la estrategia De Cero a Siempre, que en teoría garantiza el desarrollo integral de la primera infancia y que cuesta al Estado 800.000 millones de pesos no está cumpliendo las metas propuestas, pues según él, vincula a niños que ya hacen parte de los hogares comunitarios y que no están en alto riesgo, y deja por fuera a un millón y medio de menores que están desatendidos, de los que el treinta por ciento tiene desnutrición. Pero eso no es lo peor.


“Por la incompetencia del director, por no haber contratado como era debido, 700.000 niños llevan tres meses sin recibir el suplemento alimentario. Lo mismo sucede con 200.000 adultos mayores”, asegura López, y sentencia: “Diego Molano debe renunciar por respeto al país y debe responder ante las autoridades: la Procuraduría y la Contraloría”. 


En la Comisión Sexta del Senado, los congresistas advirtieron al Gobierno Nacional que el manejo del Icbf debe modificarse, pues según ellos, podrían repetirse casos de corrupción como el protagonizado por María Elvira Forero, anterior directora del Instituto, quien dejó un déficit de 1,2 billones de pesos. 


“Para mejorar al Icbf se deben potenciar los programas de alimentación, para que lleguen al cien por ciento de la población afectada y no solo al setenta, y se deben destinar más recursos a los programas”, explica López y concluye que el cargo de director del Instituto no puede se más un botín político.



Denuncias de la Procuraduría General de la Nación


Ilva Miriam Hoyos, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, asegura que la situación social de Colombia es crítica, y que en ese sentido la Procuraduría ha ejercido un seguimiento preventivo para evitar casos como el de La Guajira, donde a las madres comunitarias no se les pagaba desde hace dos años.


"La Procuraduría adelantó el año pasado un proceso de revisión de contratos del Icbf, en total fueron 78. El resultado es que coincidimos con las observaciones de la Contraloría que hacen referencia a la falta de planeación e improvisación en el Instituto", revela Hoyos.


La procuradora para la defensa de los derechos de la infancia advierte que las dificultades de carácter contractual o administrativo no pueden nunca llegar a suspender derechos fundamentales de la niñez.


"A juicio de la Procuraduría, en su función preventiva, hubo presuntamente improvisación porque todo esto se preveía y porque no podemos dejar de atender a niños por problemas de carácter contractual. En ese sentido, he dado traslado para que se inicien investigaciones disciplinarias si hay lugar a ello, pues aquí hay suspensión de derechos fundamentales y afectación de derechos", sentencia.





Denuncias de la Contraloría


Margarita Jiménez Quintero, contralora delegada para el Sector Social, reconoce que Diego Molano, actual director nacional del Icbf, recibió al Instituto en un estado de crisis. Sin embargo, dice estar en desacuerdo en que el funcionario haya detenido el proceso de contratación para darle orden a la entidad.


Según Jiménez, tras la investigación de una serie de irregularidades que se encontraron en el proceso de contratación del Instituto, se hallaron méritos para abrir dos indagaciones preliminares que deben cerrarse a finales de mayo.


"Hemos encontrado debilidad en los procesos de seguimiento, de control y de monitoreo de cada proceso del Instituto. Son prácticamente inexistentes", asegura la contralora, y agrega: "una preocupación es que no hay un sistema de información integral. Hay piezas dispersas por todo el Instituto, lo que no permite registrar la atención que se hizo o no de niños en diversos programas".










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