Por este informe, la Contraloría iniciará un proceso de responsabilidad fiscal contra los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar y Hernando Torres, y contra el director ejecutivo de Administración Judicial, Juan Carlos Yepes Alzate.

Redacción EL MUNDO

Deficiencia del plan de descongestión, compra de tiquetes aéreos sin soporte legal, fallas en los procedimientos de contratación, entre otros, fueron parte de los hallazgos que arrojó la auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Consejo Superior de la Judicatura.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, se detectaron 67 hallazgos con presuntas implicaciones administrativas, siete tienen presunta connotación fiscal, 15 presunta connotación disciplinaria y uno con presunta connotación penal, lo que hace que la evaluación de la Sala Administrativa de la Alta Corte sea desfavorable.

Dentro de las observaciones señaladas por el Ente de Control figura el Plan Nacional de Descongestión de la Justicia, el cual no ha generado ninguno de los resultados propuestos y, por el contrario, “evidencia una inversión de recursos carente de planeación, que no se soportó en seguimientos y controles efectivos, como tampoco presenta procedimientos adecuados a las necesidades, situación que la convierte en una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica, generando la pérdida efectiva de los recursos invertidos e incrementando el riesgo en la prestación del servicio público de justicia”.

Pero sin duda los mayores detrimentos, según la Contraloría, se presentan en las obras de los palacios de Justicia de Cali, Manizales, Mocoa, Yopal, y en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá. En la capital del Valle del Cauca, las obras llevan dos años de retraso y se calcula que aún resta otro más para ser entregadas.

Igual situación se registra en Manizales, donde las obras llevan 18 meses de atraso y presentan un sobrecosto de 13.800 millones de pesos. En Yopal se suspendieron las obras por fallas del proceso de planeación y en Mocoa se registró un incremento en el valor final del Palacio superior al 330%.

Sobre el particular, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura declaró que analizará con detenimiento el informe del Ente de Control.