Foto: Cortesía  Consejo Superior de la Judicatura.

Redacción Justicia

La contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, le exigió al presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy Church, la suspensión inmediata de tres funcionarios de la Rama Judicial, luego de que el ente de control fiscal identificara inconsistencias contables y en los estados financieros de este poder, que superan los dos billones de pesos.

Según la Contraloría, los resultados de los procesos auditores adelantados al Consejo Superior de la  Judicatura dentro de los años 2011 y 2012 a las cuatro últimas vigencias (2008-2011), arrojaron evaluaciones desfavorables de la gestión y resultados con  una calificación ubicada en el rango de deficiencia en el sistema de control  interno, así como hallazgos con connotaciones disciplinarias, penales y fiscales,  circunstancias que no han permitido el fenecimiento de la cuenta fiscal.

Por tal motivo y, a pesar de las advertencias oportunas que se han formulado sobre el tema y en las que no se ha tomado ninguna medida correctiva, la doctora Morelli ha manifestado la necesidad de que Diógenes Villa Delgado, director administrativo; Julián Mahecha, auditor y Benjamín Enrique Polo García, director de Contabilidad, sean expulsados de sus cargos en la Rama mientras culminan las investigaciones.

“Este es un tema contable. Esos dos billones de pesos no están revelados adecuadamente y eso es muy grave, porque si no hay una adecuada contabilización se limita la posibilidad de control”, señaló la contralora.

Además, la alta funcionaria de la Contraloría consideró que esta cifra es realmente muy importante en términos del impacto que tiene en el Presupuesto General de la Nación, y de la opinión que tendría que dar la entidad que ella dirige en su momento al Congreso de la República sobre el fenecimiento o no de la cuenta de la Nación.

“Por esta razón se le hicieron las advertencias oportunas, sin que hasta el momento haya tomado absolutamente ninguna medida. No lo hizo tampoco el contador, no lo hizo el auditor de la Rama”, aseguró tajantemente Morelli.

“A esto sumémosle el incremento inusitado de los gastos en este periodo y particularmente en los últimos meses, que ascendieron a más de 13.000 millones para descongestión judicial y para la implementación del Código Contencioso Administrativo, sin que hoy, y el Código entraría a regir el 2 de julio, contemos por ejemplo con las salas de descongestión”, concluyó.