Aproximadamente el 65% del níquel consumido en el mundo se emplea en la fabricación de acero inoxidable.

Antecedentes

La Contraloría General de la República ejecutó dos auditorías especiales a los contratos de gran minería en los años 2008 y 2009, así como una indagación preliminar entre 2010 y 2011. De las anteriores acciones se generaron dos funciones de advertencia en relación al desarrollo de la explotación de níquel ejecutado por Cmsa.

La comunicación de la Contraloría asegura que la primera función de advertencia se relacionó con la forma en que Ingeominas liquidó las regalías de estos dos contratos entre 2004 y 2008. Lo anterior condujo al pago por parte de Cmsa en agosto de 2011 de la suma de $35.317 millones a favor de la Nación.

La segunda función de advertencia del 23 de agosto de 2010 trata, entre otros temas, lo relacionado al proceso de negociación contractual solicitado por Cmsa, a efecto de llegar a un acuerdo con el Estado colombiano al momento de concluir el periodo de explotación definido para los contratos 866 y 1727.

En dicha advertencia, la Contraloría aseguró: “ (…) potencial riesgo que representa para el patrimonio de la Nación, percibir menores ingresos por concepto del canon de arrendamiento de los bienes y elementos destinados a la actividad minera objeto del Contrato 866 de 1963, suscrito con Cerro Matoso S.A. (…)”

El director de Colombia Punto Medio afirmó que “amarraron esos nuevos contratos a que ellos revierten a la Nación, pero había que volver a arrendarles los bienes inmuebles a Cerro Matoso a una tasa de un canon de arrendamiento que ni siquiera cubre expectativas de inflación y que además, había que darles un nuevo contrato, eso es absolutamente ilegal. Hay un problema de forma de cómo se cambian las condiciones de sus contratos”.

A puerta cerrada

Pardo advirtió dentro de un texto escrito para la página de Internet, RazónPublica.com que “en otras palabras, hace 16 años se tomaron decisiones cruciales y dudosas sobre un contrato de gran importancia para la Nación, pero ahora el propio ministro Cárdenas afirma sin ruborizarse que su vigencia se extiende hasta el año 2029 y sin que se haya hecho público ningún estudio sobre la conveniencia técnica y económica de contratar nuevamente al mismo concesionario”.

Además, Pardo aseguró que “el marco legal y contractual con que fueron firmados los contratos anteriores establecen que no pueden ir más allá de 30 años, es decir, terminan el 30 de septiembre de 2012, entonces por lo que vemos, ellos no estudiaron ese tema, sino que se sentaron a puerta cerrada a renegociar con Billiton los contratos”.