La Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a las compañías Comcel, Tigo y Movistar la eliminación inmediata de cuatro tipos de cláusulas incluidas en los contratos de telefonía móvil, por considerarlas violatorias de los derechos de los usuarios.

“Hemos ordenado que en todos los contratos, y dentro de los próximos 15 días después de la notificación de la resolución, deben eliminarse esas cláusulas respectivas de los contratos”, enfatizó José Miguel de la Calle, superintendente.

Fueron prohibidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, las cláusulas que imponen un cupo de crédito al usuario. “Hay digamos una cantidad de contratos que están ordenando que el usuario sin haber consultado su voluntad, acepte un cupo de crédito para unas circunstancias que no conocemos”, ejemplificó De la Calle.

Asimismo, fueron prohibidas las cláusulas que imponen al usuario la facturación por medio electrónico. Este tipo de cláusulas  señalan que el usuario acepta, con la simple suscripción del contrato, que la factura le sea entregada por medio electrónico, sin permitir que él mismo elija el medio de su preferencia, que puede ser físico.

De igual manera las cláusulas que impiden el ejercicio del derecho del usuario a elegir libremente el proveedor, los equipos o aparatos necesarios para la prestación de los servicios. Este tipo de cláusulas, incluidas en los contratos de las compañías Comcel y Movistar, establecen que los equipos se entregan bloqueados y que por consiguiente no pueden ser utilizados en la red de otro proveedor de servicios (abrir las bandas) hasta tanto no finalice el periodo de cláusula de permanencia mínima.

Por último, el superintendente advirtió que “hay otra cuestión muy grave: la portabilidad  numérica. Se está impidiendo el ejercicio de portar los teléfonos en esas cláusulas, solo limitándolo a ciertos días del mes, cuando uno tiene derecho a ejercer la portabilidad en cualquier momento”.

Así las cosas, la SIC ordenó que el proveedor de servicios deberá dar a conocer “de forma destacada” la orden de modificación que se imparte mediante las resoluciones mencionadas, a través de su respectiva página web, y advirtió que de no cumplirse con lo establecido, las compañías mencionadas podrían ser objeto de sanciones pecuniarias.