Unos 2.200 restos ha recuperado el Laboratorio de Identificación Especializada del CTI de la Fiscalía en Antioquia a través de exhumaciones.  Cortesía CTI

La Convención Internacional es un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y el Estado con el fin de proteger a los colombianos de ser víctimas de desaparición forzada, brindar a las ya afectadas reparaciones integrales y mayores posibilidades de encontrar a sus familiares.

Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirma que el tratado es un tributo a las víctimas y será un rayo de esperanza para que puedan tener verdad, justicia y reparación.

El compromiso del Gobierno y las autoridades también buscarán prevenir la desaparición forzada, juzgar y sancionar de manera ejemplar a los victimarios para que no  repitan este crimen contra otras personas.

“Desde hace más de 20 años, en Colombia se usa esta práctica que ha dejado miles de víctimas. Lo importante es que el Gobierno ha empezado a reconocer la magnitud del problema y tiene compromiso con los familiares de los desaparecidos”, afirma Howland.

El Registro Nacional de Desaparecidos asegura que en Colombia hay más de 63.000 víctimas de este crimen de lesa humanidad. Sin embargo, líderes y defensores de derechos humanos aseguran que esta cifra que reconoce el Estado se queda corta, pues estiman que en el país hay alrededor de 240.000 desaparecidos.

En el 2011, el informe de Medicina Legal reveló que solo en tres años el terrorismo desapareció a 38.255 personas en el país, lo que significa un promedio de más de 12.000 por año. Esta cifra sumada en 20 años confirmaría las estimaciones de los defensores.

Aunque el alto comisionado asegura que el país ha avanzado en la búsqueda de desaparecidos, reconoce que la cifra que tiene el Gobierno es  muy inferior a la real y afirma que podría amplificar los esfuerzos para resolver los crímenes.

Con la Convención las familias que no tienen ningún indicio, ni información  de sus seres queridos podrían encontrar la verdad. “El  tratado  de alguna manera presiona al Gobierno para que tenga más respuestas de los desaparecidos”, agrega.

Desde hace más de 20 años, los grupos armados usan esta práctica de desaparición forzada para no dejar rastro de las víctimas. No obstante, con el tratado internacional, Colombia tiene la obligación de trabajar para que no haya más impunidad.

Pero esta no debe ser la única estrategia para mitigar este flagelo, Howland le exige a la Fiscalía que avance en las investigaciones y adelante acciones  para conectar los casos y lograr resolverlos.

“El convenio no es una solución del problema, pero ayudará a los familiares que están en incertidumbre a encontrar respuestas. Será una etapa muy importante e histórica para el país”, concluye el representante de la ONU.