Zarpazo de difícil cicatrización   

Autor: Editor
2 abril de 2017 - 12:00 AM

La pausa tras el retiro del zarpazo judicial al poder legislativo no trae tranquilidad ni confianza a Venezuela, sus opositores y a la comunidad internacional.

Izado por el acatamiento del Tribunal Supremo de Justicia a la solicitud de reversar la usurpación de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro proclama la normalidad institucional en Venezuela. Esa cuerda que lo levanta, y de la que no es fácil predecir si tiene capacidad para sostenerlo, ha abierto un paréntesis útil para desentrañar y explicar las equívocas actuaciones del rancio chavismo que ha liderado a ese país durante los últimos 19 años, con consecuencias por el mundo conocidas y generalmente lamentadas.

Con el histrionismo que revela su calidad de alumno aventajado de Hugo Chávez, el presidente Maduro jugó al envalentonamiento inicial contra los diputados de la MUD. Pasada la fiebre mostró una tibia apertura al diálogo, instancia que usó entre octubre y enero para contener el imparable camino del referendo revocatorio. Su actuación concluyó con el comunicado con claras instrucciones que el TSJ acató como antes lo había hecho con las orientaciones de imponer la dudosa victoria del chavismo en las elecciones de 2013, de perseguir judicialmente a las figuras descollantes de la Mesa de Unidad Democrática, de frenar el referendo revocatorio y de anular curules y decisiones de la Asamblea Nacional. Dados los antecedentes, corresponderá al Tribunal disciplinario judicial, dependiente del TSJ, y al órgano legislativo, esclarecer los alcances del contubernio y actuar para proteger lo que queda de institucionalidad y democracia en Venezuela.

Compete también a los órganos constitucionales delimitados en el detallado Código de ética del juez venezolano y la jueza venezolana, promulgado en 2009 y reformado en 2016, dilucidar y explicar la escenográfica intervención de la chavista fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que se presentó como la más firme y argumentada crítica de las decisiones antidemocráticas, postura que es difícil entender en tanto tiene origen en la funcionaria que ha aprovechado su dignidad para encarcelar, con acusaciones espurias, a más de 300 dirigentes de la MUD o disidentes del chavismo. Hoy es necesario aclarar si su presentación era la excusa que el Gobierno necesitaba para deslindarse del poder judicial, o si, por el contrario, también ella inició una ruptura con la cúpula vividora que se ha ganado el apelativo de Boli-burguesía.

El retroceso del Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia fueron logrados por la intensa presión ejercida por variopintos líderes internacionales que ratificaron sus convicciones democráticas ante la ?inaceptable decisión?, al decir del presidente Santos; se aterrorizaron por el impacto de la medida sobre procesos electorales internos, como el gobierno de Ecuador, o simplemente no quisieron arriesgar su estabilidad presente jalándole las barbas al Tío Sam, como el castrismo cubano. Muchos de estos intervinientes han satisfecho su necesidad de quedar bien ante el mundo y pueden volver la espalda a una crisis que amenaza profundizarse tras el sacudón.

Derrotado en su batalla final en procura de consolidarse como dictadura constitucional, el chavismo buscará tomar nuevo aire dentro del país, como lo demostró en las fieras actuaciones contra manifestantes de la Unidad Democrática que ayer salieron a reivindicar la dignidad de la Asamblea Nacional. Esa postura presenta un nuevo reto a la oposición que sobrevive a los cercos de la intensa persecución judicial y a la presión las Fuerzas Armadas que mantienen su conveniente alianza con el chavismo. Por encima de amenazas, la MUD sigue marchando dentro del país y comunicando a la opinión pública internacional, puesto que la poderosa censura y las limitaciones a los medios internos le impide entrar en diálogo con connacionales, ciudadanos que, a pesar de tales barreras, le han ratificado su apoyo. La impotencia ante el acoso ha favorecido que entre sectores más pesimistas se reniegue de los caminos cívicos, se desconozcan las alternativas de la Noviolencia y se abran paso insinuaciones, todavía en voz baja, sobre la posibilidad del levantamiento armado como opción de legítima defensa de una tiranía feroz. Porque es tenebroso, el camino violento debe ser cortado por una comunidad internacional que el viernes demostró que tiene poder para exigir al chavismo respeto por los principios democráticos. Negarse a actuar hoy, usando el pretexto de que se ha valido una funcionaria colombiana, de los limitados poderes de los órganos multilaterales, es mantener condiciones para un derramamiento de sangre que pesará sobre la cabeza de los silentes.

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