Antes de expedir la primera catarata de decretos, en ejercicio del Acto Legislativo habilitante de su acuerdo con las Farc, el Dr. Santos trató de tranquilizar al país fijando los alcances de la reforma agraria convenida con ellos. Dijo: “Hay tierra para todos y no se expropiará a nadie”. Por excepción quise creer que por fin el mandatario decía una verdad, hasta que me di cuenta de que estaba, en cambio, ejerciendo “restricción mental”, para desorientar al país en materia de especial gravedad.

Se dice que una verdad a medias equivale a una mentira. Ahora bien, la “restricción mental” es aún más insidiosa. Cuando la Compañía de Jesús era una institución al servicio de la doctrina católica, algunos de sus moralistas concibieron la manera de responder sin mentir, pero dejando al interlocutor en la ignorancia de puntos débiles, difíciles, controvertibles o inquietantes para la Iglesia. Los evidentes riesgos éticos implícitos en esta dialéctica evasiva hicieron mucho daño a la Compañía, aunque hasta hace poco tiempo sus integrantes eran varones probos, no los sofistas vergonzantes que se aferran al naufragio de la Orden en turbias aguas mamertas.

Traigo esto a cuento porque el reciente discurso presidencial sobre el tema de la propiedad rural revela sutil y jesuítica “restricción mental”, para no hablar de su patrocinio de la costosísima visita de algún conspicuo miembro de esa Comunidad, para acabar de adormecer nuestro catolicismo, amaestrado por la teología de la liberación. 

Por desgracia, tantas sutilezas solo darán momentáneo respiro, porque el Decreto-Ley de Tierras, disimulado entre los primeros veinte, no tardará en prender las alarmas de un país que todavía quiere ignorar que ya está bajo la férula de un gobierno de transición hacia el totalitarismo narcoterrorista.

Vea además: El "detallito" agrario que se aplazó

Inicié hablando deliberadamente de catarata, pero como estas son torrentes de aguas límpidas, rectifico: estos primeros veinte decretos constituyen más bien un gigantesco chorro fétido que se desagua por este albañal legislativo sobre el país que ha dejado de ser. 

El efecto que causa esa descarga es estupefaciente. El ciudadano se siente sobrecogido por la enorme masa de disposiciones confusas y torticeras. He tenido la paciencia de contarlas, siguiendo la página de la Presidencia. Estos decretos suman 326 farragosas páginas, que contienen 299 artículos. El marcador, entonces, es de 310 de supraconstitución, más estas 326, para un total de 636 páginas de galimatías jurídico a favor de la subversión, contra dos articulitos anulados por el escarnecido magistrado Bernal, pero que serán revividos, con la mayor presteza, por los dos nuevos altos falladores en la Corte Constitucional, a los que, antes de ser elegidos, se les exigió mediante constreñimiento prometer prevaricato.

Volvamos a la restricción mental de que ahora hace gala el presidente. Le creo que no habrá expropiación, porque los 82 artículos del Decreto 902 de 2017 están inequívocamente orientados hacia la “extinción del dominio”. En realidad, para el despojo masivo de tierras, propósito real pero inconfesado de la reforma rural integral del eje Santos-Timo, la figura de extinción del dominio es más expedita que la expropiación (¡y además, menos costosa!). 

Vea: Mitos agrarios

Las elites inglesas, entre las cuales ha pasado tantos años el Dr. Santos, son más finas y delicadas que el suscrito. Ellas no lo definirían entonces como mentiroso; apenas dirían que es “economic with the truth”. 

Es muy fácil afirmar que hay “tierra para todos”, que el fondo de Tierras solo dispondrá de tres millones de hectáreas y que sobre otros siete millones “se regularizará la titulación de los predios”, porque las grandes cifras no sustentadas, que se agitan especialmente en manifestaciones públicas y noticieros fletados de tv, cuando no se desagregan, esconden habitualmente las peores simplificaciones y falacias. ¿Dónde están ubicados los tres millones de hectáreas? Seguramente, los campesinos que, azuzados por las Farc, irán a reclamarlas de manera inmediata, no las buscarán donde haya baldíos alejados de vías modernas y de mercados demandantes…

Además, no quedan muchos baldíos nacionales. No olvidemos que a las comunidades indígenas se les entregaron 25 millones de hectáreas, donde toda explotación agraria es, en principio, tan ilegal como inconveniente (Esto, para no entrar en un tema tabú: la tala de selva para narcocultivos y minería ilegal…)

No existe reforma legal sencilla y que pueda adoptarse sin sopesar los pros y los contras, pero un país donde la modificación apresurada y abrupta de los fundamentos económicos y sociales del modelo institucional se hace con mayor facilidad que la reforma de un reglamento de propiedad horizontal, corre apresuradamente hacia el caos y la anarquía, que son precisamente los prolegómenos de la revolución top- down que se decreta desde el gobierno contra la democracia colombiana. 

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El incomparable clásico “La revolución rusa”; del profesor Richard Pipes (Harvard), finalmente ha sido traducido al español  (Barcelona: Debate; 2016. 1047 pag.). Ya están en las librerías, a $ 79.000. Pasta dura, malas fotos.