Estos resultados ponen sobre el escenario una preocupación por la ética y la seriedad en el ejercicio de los equipos de trabajo de las campañas para, primero, buscar el umbral necesario y, segundo y definitivo, obtener nuevos seguidores para sus respectivas causas.
Conocido el resultado de la validación de las firmas presentadas por los precandidatos presidenciales que decidieron buscar un cupo en la carrera por la Casa de Nariño mediante la recolección del apoyo popular, quedan muchas preguntas sobre el rigor con el cual trabajaron los equipos de campaña, las personas encargadas de recolectar las firmas y hasta sobre la financiación de este proceso, las mismas que nos llevan a cuestionar si la aparente falta de control, o quizá manipulación de las rúbricas, es una antesala de lo que vendrá una vez comience en firme el debate electoral.
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Tal como hemos señalado recientemente, la explosión de candidatos por firmas, once en total, atomizaría de tal manera el proceso preelectoral que la complejidad para obtener el umbral necesario sería mayúscula. Al final de la revisión, tres candidatos se quedaron al margen de la contienda mientras los restantes ocho, aunque alcanzaron su propósito, recibieron duros golpes en las cifras finales de apoyos legítimos. Ya sea porque la Registraduría Nacional del Estado Civil mejoró su proceso de verificación, en el cual trabajaron alrededor de 700 funcionarios, o porque las campañas y su personal fueron menos rigurosas, por decir lo menos, no dejan de ser inquietantes los significativos porcentajes de invalidación, que van desde el 34% de las firmas de Compromiso Ciudadano, el movimiento al que menos firmas se le anularon, hasta los 64% y los 62% de Luis H. Mendieta y Alejandro Ordóñez, respectivamente, que estuvieron en el top de los movimientos con más firmas invalidadas.
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Más allá de desinflar los apoyos que cada candidato debía considerar fijos, estos resultados ponen sobre el escenario una preocupación por la ética y la seriedad en el ejercicio de los equipos de trabajo de las campañas para, primero, buscar el umbral necesario para alcanzar el aval de la candidatura y, segundo y definitivo, obtener nuevos seguidores para sus respectivas causas. La preocupación se hace mayor cuando se encuentra que de los ocho movimientos que recolectaron firmas y siguen en carrera, solamente tres, Compromiso Ciudadano (Sergio Fajardo), Por una Colombia honesta y fuerte (Martha Lucía Ramírez) y Ante todo Colombia (Juan Carlos Pinzón), presentaron las cuentas de la recolección de las firmas a la iniciativa “¿De dónde salió la plata?” impulsada por Transparencia por Colombia y que del total de 46 movimientos inscritos para promover candidaturas, según reportó El Espectador, apenas cuatro hayan mostrado sus cifras. Este aspecto tampoco contribuye a esperar una campaña transparente.
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Estas mismas preguntas nos las hacemos frente al manejo de las encuestas, ahora que hay un abanico de candidatos en firme. Nos surge el temor de que ellas sean usadas para manipular el apoyo ciudadano y no para dar cuenta de la verdadera intención de voto de los encuestados, algo que, como ya ha pasado, termina por contaminar el libre ejercicio del derecho al voto.
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Hacemos, pues, un llamado a la ciudadanía, a las veedurías ciudadanas y a la misma Registraduría, para que estén atentos a las posibles conductas inapropiadas, que en muchas ocasiones terminan por convertirse en delitos electorales, para que a través de las denuncias se puedan mantener, en lo posible, al margen de la contienda.
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