La contaminación de fuentes de agua de consumo humano o animal se encuentran en el top de los delitos que con mayor vehemencia rechazan los defensores de Derechos Humanos y los guardianes del Derecho Internacional Humanitario. Las razones para su firmeza se encuentran en la gravedad y extensión de afectaciones indiscriminadas y potencialmente letales.

En la noche del miércoles, guerrilleros del Eln perpetraron el 29 atentado terrorista del 2017 contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. El derrame de crudo contaminó la quebrada Cimitarra, hábitat de especies menores, además de fuente de agua para consumo humano y animal. El atentado afectó a más de 4000 personas, miembros de unas 700 familias, habitantes del corregimiento Guamalito, del municipio de El Carmen, Norte de Santander.

Al ataque terrorista respondieron la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU en Colombia y los negociadores del Gobierno con el Eln.

La Ocha ha coordinado la atención de organismos humanitarios, Ecopetrol e instituciones locales, a los habitantes con sed, que respiran aire contaminado por petróleo y reportan síntomas de intoxicación, gentes que esperan la pronta limpieza del río (ver https://goo.gl/w0P7Y6). Con diplomacia, el Organismo ha puesto sobre la mesa su rechazo al crimen de guerra perpetrado el miércoles.

El Estado, se da por sobre-entendido, es el protector de los derechos humanos de quienes habitan en su territorio, calidad que le exige evitar afectaciones a la población o, si ellos ocurrieren, repararlas e impartir justicia para los responsables, garantizando, entre otras, que no haya olvido de los peores delitos. Ocurridos el atentado y la afectación, los negociadores de Quito se limitaron a lamentar el hecho, calificándolo de “delirante e insensato”, para luego ratificar que el crimen no impacta la dinámica de una negociación que se mantiene buscando el “desescalamiento del conflicto” hasta llegar “a un cese de hostilidades bilateral y definitivo”. De esta manera, los negociadores pierden una oportunidad de fijar límites a la criminalidad que está azotando a Norte de Santander y Chocó, principalmente, y confirman la disposición de firmar un acuerdo sin medir los costos que se impongan a la sociedad y a construcciones que han requerido los mayores esfuerzos de la humanidad por la civilización de las costumbres y la consolidación de una ética común respetuosa de la vida y los derechos.

La tragedia de Yemen, tan lamentada recientemente, se recrudeció tras el fracaso de unas negociaciones de paz sin norte ni principios.