Cuando se cumplen hoy 33 días de paro en los municipios de Segovia y Remedios, en el Nordeste de Antioquia, las condiciones para lograr el cese de la protesta, que ha dejado hasta ahora graves consecuencias humanitarias y de orden público, parecen todavía lejanas a pesar de la voluntad expresada por la compañía GranColombia Gold de fortalecer los procesos de formalización minera en la zona.

Según el reporte presentado el lunes por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, unas 5.500 familias, 200 de ellas indígenas, que equivalen a un total de 22.000 personas, han visto limitado su acceso a alimentos y su movilidad como resultado de la confrontación entre mineros y fuerza pública, mientras que a la fecha unos 3.000 estudiantes del municipio de Segovia siguen desescolarizados por idéntica situación.

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Aunque constituye apenas un punto dentro del amplio pliego que los grupos de mineros que se autocalifican como ancestrales han presentado al Gobierno Nacional para levantar el paro, el acuerdo alcanzado por la compañía multinacional GranColombia Gold y la Gobernación de Antioquia para mantener el diálogo con las unidades mineras que se encuentran dentro de los títulos de la Compañía, incrementando el valor a pagar por onza producida, constituye un avance favorable en el proceso de concertación que debe conducir a la solución del conflicto.

La buena voluntad expresada por la empresa debería ser un punto de partida para la generación de espacios de diálogo entre el Gobierno Nacional y los mineros que se encuentran por fuera del título de la multinacional, sin que se renuncie a la alternativa de la formalización como única vía para solucionar la situación de la cual han sido estos los mayores promotores al oponerse a la normatividad dictada por el Gobierno Nacional en contra de la extracción ilícita de minerales.

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No de otro modo es posible poner fin a los procesos productivos que se han caracterizado por ignorar toda norma ambiental y por poner en riesgo a quienes ejercen la actividad sin apegarse a un mínimo protocolo de seguridad y sin percibir los beneficios del trabajo decente en términos de prestaciones sociales y laborales.

Sin embargo no hay lugar para el optimismo cuando la contraparte en la mesa de negociación está conformada por personas cuya voluntad de formalizarse está en duda al haber sido permeada por grupos al margen de la ley, cuya única pretensión es la de recuperar el control de un territorio en el cual acrecentar una renta que solo trae destrucción e inseguridad, arropados por la apariencia de mineros tradicionales. Las comunidades de Segovia y Remedios, e incluso de Antioquia y de Colombia, debemos exigir el deslinde entre quienes quieren formalizarse y quienes, tolerados por un paternalismo perverso o ignorados por años, quieren mantener sus prácticas ilegales y criminales contra el medio ambiente y las personas que no se les someten.

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Esperamos que las negociaciones que apenas comienzan generen resultados favorables y apoyamos la firmeza con que se ha buscado descontaminar la protesta de quienes han pretendido tomársela con propósitos totalmente ajenos a los de los mineros que, de manera legítima, reclaman mejores condiciones para desempeñar su labor. Una solución razonable para estos contribuirá, sin duda, a aportar al desarrollo de las comunidades del Nordeste. Queda en manos de la Gobernación de Antioquia moderar las pretensiones de las partes.