Turismo sexual infantil, un crimen sin ley

Autor: Cindy Catalina Florez López
19 febrero de 2017 - 06:00 PM

Aunque se conocen las modalidades que proxenetas y bandas delincuenciales de la ciudad emplean, para ofrecer a turistas extranjeros y nacionales paquetes sexuales en los que se incluye, entre otras cosas, abusar sexualmente de menores de edad, el delito de explotación sexual comercial no se denuncia, por lo que no hay capturas ni judicialización

Medellín

De acuerdo con una reciente investigación de Discovery Channel, titulada La otra cara del placer, el turismo es una de las principales industrias de Colombia y de Medellín. Según las cifras allí reveladas, sólo el año pasado el ingreso de visitantes extranjeros a la ciudad aumentó un 48%, lo que representó una ocupación hotelera del 65,2%, 5,6 puntos por encima de lo que se registró en el 2014. Sin embargo, esta industria tiene una contrapartida: el turismo sexual. 

“Medellín es un destino narcoturístico y sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito internacional”. Así fue calificada la ciudad por Bo Mathiasen, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), durante la socialización del estudio descriptivo de la dinámica delictiva del tráfico de estupefacientes, la trata de personas y la explotación sexual comercial y turística. 

Según la misma investigación, Colombia es el cuarto país de importancia en Latinoamerica y ocupa el puesto 20 en el mundo como destino turístico para aquellos visitantes que buscan, a cambio de dinero, abusar sexualmente de menores de edad.

“En Medellín el turismo sexual se complementa con el narcoturismo. De acuerdo a un estudio  de la Unodc, centenares de grupos de jóvenes entre 18 y 25 años, principalmente estadounidenses, israelíes, italianos y alemanes, organizan viajes especiales a esta ciudad en busca de una experiencia de sexo y drogas”, dice un apartado del estudio.

Información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) apunta a que, sólo en lo que va corrido de este año, se han registrado 20 casos de explotación sexual comercial, mientras que en el 2016 se reseñaron seis y en el 2015 otros trece casos, situación que demuestra que el delito no tiene una variable constante en su desarrollo pero sí que de diciembre a febrero se ha disparado. 

Precisamente sobre este tema, en noviembre del 2016 el concejal John Jaime Moncada lanzó una voz de alerta por el subregistro de ésta y todas las actividades relacionadas con la parahotelería: “Cuando uno tiene identificados lugares, sectores, es, entre comillas, más fácil atacar el problema”, pero los resultados de los operativos de inspección a establecimientos de hospedaje no reflejan la realidad. “Miren esta cifra, presencia y explotación sexual de menores: uno solo”, señaló el concejal, haciendo referencia a que entre febrero y septiembre de ese año, las autoridades sólo registraron un menor de edad siendo explotando en un sitio de hospedaje, y agregó que “si estamos en la agenda pública hablando de que una de las problemáticas es la explotación infantil y solamente encontramos allí una persona en esos lugares visitados, entonces en qué otras formas está la delincuencia utilizando los menores, porque entonces el Estado ha estado yendo a esos lugares, pero uno de los temas que estamos trabajando, que estamos atacando, que estamos cuestionando, no está allí. Entonces dónde está, porque las cifras no lo dicen”.

Respecto a esta situación, Selma Patricia Roldán Tirado, directora de la regional Antioquia del Icbf, precisó que si bien se tienen identificados unos focos de proliferación del delito en la región, Medellín, como ciudad capital, es donde se reporta mayor actividad de explotación sexual comercial (turismo sexual). Por ello, el año pasado se realizaron operativos de allanamientos en hostales, hoteles, restaurantes y espacios públicos aledaños al Parque Lleras, zona rosa de la ciudad y lugar identificado como el de mayor movimiento de turistas que llegan a cometer esta clase de delitos. 

Allí sólo se pudo identificar el abuso sexual comercial contra una menor, ya que de acuerdo con la información, alguien mayor de edad se hizo responsable del caso y logró evitar que el Instituto iniciara un proceso de restablecimiento de derechos.

La respuesta de la Policía de Infancia y Adolescencia de Medellín sobre esta situación fue muy clara: El delito existe, está contemplado en el Código Penal, se han hecho operativos, campañas, se ha visibilizado, sin embargo, no hay denuncias, no hay pruebas. En el papel, la explotación sexual comercial en niños y adolescentes no existe. 

“Sólo se ha podido capturar a una persona en el Lleras por explotación sexual y esto a a causa de las denuncias. Sabemos que hay un problema e implicaciones, pero cuando vamos a la norma es cuando necesitamos que se avalen las acciones que implementamos, tendientes a dar con la captura. Pero, si llegamos a un lugar o a un sitio donde un extranjero esté sosteniendo relaciones sexuales con una menor de 18, pero mayor de 14, y ésta dice que él es su amigo o su novio, no podemos hacer nada, así nos digan que él le está pagando, por el simple hecho de no tener pruebas, ya que según la norma la adolescente, luego de los 14 años, tiene derecho a tener una vida sexual activa. Es allí cuando se muere la norma, no hay víctima, no hay caso, no hay denuncia, no hay captura”, explicó el subintendente de la Policía de Infancia y Adolescencia de Medellín, Sergio Restrepo.

El subintendente explicó también que este año se tienen abiertos cerca de 200 procesos de investigación por explotación sexual comercial, proceso que se da posterior al impedimento de la captura por falta de pruebas y de denuncias.

Precisamente, esto es lo que sigue preocupando a autoridades, organizaciones, fundaciones y a las entidades gubernamentales: que a pesar de que se conozca el delito, se detecte  su modus operandi y se tengan identificados estos focos o lugares de operación, es muy difícil hallar a quien comete la violación de la norma en flagrancia, puesto que el delito es cometido en fincas, apartamentos arrendados por días a extranjeros, hostales que ofrecen el plan “todo incluido”, con drogas, alcohol y sexo, y no ofreciendo servicios en las calles o parques como se pensaría.
Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos humanos, quien desde por lo menos hace cuatro años lidera campañas de prevención de este flagelo y visibiliza el panorama local del mismo, puntualizó que lo más preocupante es la indiferencia.

“A mi me preocupa que frente al fenómeno hay mucha impunidad. Las cifras de resultados son muy pobres. Lo segundo, es que hay mucha indiferencia también y lo que nosotros hemos venido diciendo también es que esto no se puede volver parte del paisaje y que no pase nada. La tarea es hacer una contundencia inmensa de la judicialización de estos delincuentes y criminales, y lo otro es como hacer campañas de sensibilización hacia la denuncia. También hay que trabajar con Policía y Fiscalía con el fenómeno, con el fin de que haya sanciones y de hecho, ya hemos logrado registrar 30 casos, los cuales fueron sancionados. El año anterior, seis personas extranjeras fueron detenidas y judicializadas. Acá no se puede permitir ningún tipo de turismo que tenga como fin la explotación sexual de niños y niñas de nuestra ciudad”, aseveró Vélez.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó que en Colombia hay 35.000 niñas y niños explotados sexualmente, sin contar las decenas de casos que no son registrados. En Medellín hay aproximadamente 500 niñas explotadas sexualmente, mientras que en Cartagena el número asciende a 1.500, según datos de la organización contra el abuso infantil Tierra de Hombres.

Buscando resultados 

La Alcaldía de Medellín presentó en los últimos meses del 2016 la campaña Cuídala y Cuidate basada en la implementación y fortalecimiento del turismo responsable, con la que se hace un llamado a denunciar los delitos en los que incurran quienes visiten la ciudad. Esta campaña, que realiza la Administración a través de dependencias como la Policía y la Secretaría de Turismo, cuenta también con el apoyo de la Unodc.

“Hay que tomar medidas mas drásticas contra el turismo sexual. Necesitamos que cada vez la legislación se ajuste a las realidades para combatirla, hay que hacer operativos, hay que tener cero tolerancia con este delito, con esos ciudadanos. Hemos hecho mesas de  trabajo con los embajadores de países y ellos tienen que advertir (a los turistas) que no pueden venir a violar la norma y la ley, y que la embajada está vigilante.  Independientemente si es nacional o extranjero, tiene que cumplir la norma”, dijo Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de la ciudad.ç

A la par, Juliana Cardona Quiros, subsecretaria de Turismo de Medellín, subrayó que “no se quiere esconder una realidad, lo que queremos (con la campaña) es que la gente cuide y respete a su ciudad y que los extranjeros entiendan que la explotación sexual comercial no es producto y que se castiga con cárcel, ese es un mensaje claro y quienes vienen a abusar de nuestros niños y quienes orquestan este delito, no son más que delincuentes. Para nosotros el turismo sexual no existe”.

La propuesta
Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, afirmó que entre las iniciativas que se van a desarrollar para prevenir el flagelo es el fortalecimiento de estrategias pedagógicas para visibilizar y mostrar en qué momento puede un niño o una niña estar siendo explotados.
En este punto, el mandatario fue enfático en anunciar que ya ha entablado conversaciones con el presidente de la República para que la Cancillería colombiana modifique los controles del tránsito de extranjeros hacia el país.

“Es importante que la Cancillería tome cartas en el asunto. Cuando uno llega a EE.UU. tiene que indicar en dónde se va a alojar, motivo del viaje y a cuáles personas va a visitar y en dos  segundos, ellos tienen una georeferenciación para identificar la zona y las clases de actividades que va a hacer en ese país. Tenemos que obligar a la Cancillería que todo extranjero nos diga qué va a hacer en Antioquia, eso puede ser parte de las tareas para prevenir la trata de personas”, indicó Pérez Gutiérrez.

Ante esta propuesta, Luis Bernardo Vélez precisó que “toda la política publica de prevención y de sanción contra estos delitos tiene que iniciarse, inclusive, por fuera del país. Sabemos que hay algunas páginas con ofertas de turismo sexual por fuera de Colombia. Desde estos  países tienen que empezar a haber denuncias. Lo que hay que hacer es informar que quien viaje a Colombia debe tener muy claro que la explotación sexual o la trata de personas es un delito sancionado con prisión. Hay que hacer un trabajo con Migración, con las embajadas por fuera de Colombia para llamar la atención. También nosotros tenemos que tener mejores resultados sancionatorios para quien venga a aprovecharse de nuestros niños”.

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