El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, consideró este lunes que la decisión del Tribunal Supremo de no solicitar una orden europea de detención para Carles Puigdemont, en contra de la petición de la Fiscalía, pone de manifiesto el "funcionamiento independiente de las instituciones" en España.

Catalá, que se encuentra de visita oficial en Cuba, afirmó que el expresidente catalán está "inhabilitado política y jurídicamente para ser investido presidente" y que cuanto antes asuma el político catalán "esa realidad", antes habrá un gobierno en Cataluña.

"Antes tendrán los catalanes el gobierno que necesitan, el gobierno que merecen, que es un gobierno que se dedique a resolver los asuntos públicos, y no a dar este espectáculo de estar huido de la justicia incumpliendo sus obligaciones ciudadanas", subrayó el ministro.

El Parlamento catalán propuso de nuevo a Puigdemont, prófugo de la Justicia española, como candidato a presidente de Cataluña, una investidura que debería realizarse de manera no presencial, lo que según Catalá es "ilegal", ya que es una opción que no aparece "ni en el reglamento del Parlamento, ni en el estatuto de Cataluña ni en la legislación española".

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El Gobierno español ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional una investidura no presencial de Puigdemont, quien viajó este lunes a Dinamarca para dictar una conferencia, después de permanecer casi tres meses huido en Bélgica.

El Tribunal Supremo de España rechazó este lunes cursar una orden europea de detención para Puigdemont en Dinamarca, como le había solicitado la Fiscalía por los supuestos delitos de rebelión y/o sedición en relación con el proceso independentista en esa región.

En el auto, el magistrado encargado del caso, Pablo Llarena, explicó que rechaza esa opción ya que Puigdemont busca ser detenido para encontrar un resquicio legal que le permita delegar su voto en el Parlamento de Cataluña, del que es diputado, y porque una petición de entrega precipitada podría limitar los delitos por los que en un futuro podrá ser juzgado en España.

Según Catalá, esa decisión prueba que España es una "democracia con poderes independientes, donde los jueces y los fiscales hacen su trabajo", lo que refleja "un funcionamiento normal de la justicia".