Terminaron las audiencias de Cidh en Bogotá

Autor: EFE
3 marzo de 2018 - 10:15 AM

Durante el periodo 167 de sesiones de trató lo que ha sido el indulto a Fujimori y las situaciones en México sobre seguridad.

Bogotá

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) terminó sus audiencias en Bogotá con una jornada en la que mostró su preocupación por la Ley de Seguridad Interior de México y criticó a Perú por la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de indultar al exmandatario Alberto Fujimori.

La audiencia que puso cierre al 167 periodo de sesiones trató el indulto de Fujimori y en ella la comisionada de la Cidh, Margarette May Macaulay, dijo entender que las víctimas del expresidente peruano perciban su indulto como "una bofetada" propinada por el Estado.

En la intervención con que concluyó, May Macaulay recordó que el "primer deber" de la Cidh "es con las víctimas", que en esta ocasión sienten "claramente" que el indulto "es una bofetada".

Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.

Sin embargo, el exmandatario fue indultado el pasado 24 de diciembre por Kuczynski por padecer graves enfermedades.

May Macaulay afirmó que si Fujimori estaba seriamente enfermo podían haber tomado otras decisiones "que sería también una bofetada en la cara" para las víctimas, pero no tan grave como el indulto.

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La comisionada también dijo que "para que toda la sociedad se beneficie de la reconciliación" tras el conflicto armado que padeció Perú "tiene que haber respeto para el sufrimiento de las víctimas y las familias que sufren".

 

Sobre México

México fue también protagonista de las audiencias en la que analizaron la polémica Ley de Seguridad Interior y ante la que la comisión mostró su preocupación puesto que puede debilitar los derechos y libertades individuales. 

Esa ley, que actualmente está siendo estudiada por la Corte Suprema, formaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. 

"La preocupación que muestro con la ley de seguridad interior es la misma que extendió la comisión el pasado 4 de diciembre. De un lado es legítimo y necesario fortalecer la garantía de derecho a la seguridad, pero sin comprometer ni debilitar derechos ni libertades individuales", aseguró la comisionada Flavia Piovesan durante la audiencia. 

La integrante de la Cidh recordó que "la formación castrense tiene otra lógica, otra racionalidad" a la policial, por lo que considera que los militares no tienen la experiencia necesaria ni la preparación adecuada "para el desarrollo de este rol de seguridad".

Una de las personas que acudió en nombre de la sociedad civil fue Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, quien aseguró que la inseguridad ha crecido en los últimos años.

Sin embargo y pese al probado empeoramiento de la situación, aseguró que la ley de seguridad "invierte el mando civil sobre el militar", mientras que no hay "evidencia de que la intervención militar reduzca la violencia".

Por parte del Estado mexicano tomó la palabra el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, quien aseveró que "existe una serie de políticas" de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas, autoridades civiles y Policía Federal "para imbuir las normas de uso debido y proporcionado de la fuerza".

La situación, en opinión del funcionario, se ha agravado por las numerosas tiendas de venta de armas sin mucho control en Estados Unidos cerca de la zona de frontera, "lo que produce un tráfico brutal de armas a México".

Ante esa situación, cree que las armas de asalto "inundaron" México y beneficiaron "al crimen organizado", que hoy "tiene una capacidad de fuego superior a las fuerzas policiales".

Poco antes, trataron los avances del caso Ayotzinapa, para conocer detalles de la investigación acerca de los 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014. 

En esa audiencia tomó la palabra el fiscal responsable del caso, Alfredo Higuera, quien dijo que en las últimas semanas ha recibido pruebas que aclaran las razones del crimen, si bien dijo que no puede hacerlas públicas todavía.

"En las últimas semanas a la investigación fue a llegar información que consideramos por demás importante en la medida en que es posible para esclarecer aspectos fundamentales del caso", aseguró.

En este sentido, Higuera comentó que uno de los aspectos es "tener por identificado el móvil por el que fueron agredidos los estudiantes". 

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