El país ha iniciado el análisis y debate de las normas que hacen parte del proyecto de reforma política, iniciativa que tiene la mayor importancia en perspectiva de consolidación de la institucionalidad democrática, y a cuyos artículos habremos de referirnos en tanto avancen las importantes discusiones sobre su contenido, que ya se anuncian.

Entre los distintos e importantes temas puestos a consideración del Congreso en el proyecto de reforma política, ha merecido especial interés la idea de regresar al modelo de listas cerradas para presentar candidatos a las corporaciones públicas. La iniciativa implica la eliminación de las listas abiertas y del mecanismo de voto preferente, al que es posible atribuir una valiosa contribución al fin de las “microempresas electorales” que fueron notorio y lamentable resultado de la apertura política de la Constitución de 1991.

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El sistema de listas cerradas, que es general, tiene virtudes que pocos discuten. Una de las más importantes es que exigiría la consolidación de partidos políticos superiores a los líderes que los integran, una institucionalización necesaria para el fortalecimiento de la democracia. Alcanzar tan magno propósito requiere, sin embargo, de procesos en los que se garanticen la superioridad de los estatutos de los partidos, la democratización de la designación de autoridades y conformación de listas, y la legitimidad de decisiones representativas de las bases. Mientras existan dudas porque presiones o intereses personalistas pueden contaminar los procedimientos internos, las listas abiertas y el voto preferente demuestran su idoneidad como instrumentos de unidad de tendencias internas.

Las intensas intervenciones alrededor de la lista cerrada anuncian la alta posibilidad de que el Congreso realice modificaciones que enriquecerán el proyecto de reforma política presentado por el Ministerio del Interior, una alternativa posible gracias a la decisión mediante la cual la Corte Constitucional restauró la supremacía de la Constitución y restauró el equilibrio de poderes que se rompió con el Acto Legislativo 1 de 2016. 

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