Servicios Públicos domiciliarios y opciones políticas.

Autor: Carlos Alberto Atehortúa Ríos
9 febrero de 2018 - 12:08 AM

Desde la expedición de la Ley 142 de 1994, en el país no se experimentan grandes transformaciones de tipo legislativo en el sector de los servicios públicos

Por más que se quiera presentar un programa  político como una propuesta neutra, la realidad es que en materia de servicios públicos, las propuestas deben calificarse por sus contenido material y concreto,  por ello no es lo mismo, una propuesta cuyo eje está centrado, en (i) la universalización en el acceso a los servicios; (ii) la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible; (iii) la adopción de acciones afirmativas a favor de los más vulnerables;  (iv) la protección de los derechos de los usuarios y (v) la defensa del interés público social, a un programa que no considera relevante el tema de los servicios públicos, o que simplemente les dé el tratamiento de una mercancía que deba suministrarse exclusivamente bajo las reglas económicas del mercado.

Los candidatos a cargos y corporaciones públicas a través de sus programas y ejecutorias anteriores reflejan su sensibilidad social, del programa podrá deducirse si sus acciones de gobierno están dirigidas a promover el desarrollo colectivo y la calidad de vida de todos los ciudadanos, o si por el contrario la propuesta puede conllevar a escenarios de mayores inequidades a las actualmente existentes.

Si bien las campañas políticas se caracterizan por los lugares comunes y por los planteamientos genéricos que presentan los candidatos, esa generalidad no puede llegar al extremo de que los candidatos ni siquiera se pronuncien sobre la manera como harán una realidad la ejecución de valores y principios propios del estado social de derecho, como el derecho a acceder a una vivienda digna que tenga acceso, a tarifas asequibles a servicios básicos de agua potable, saneamiento básico, energía, gas y tecnologías de la información y las comunicaciones.

Lea también: Los Planes departamentales de agua en la política sectorial

Para los defensores de la teoría del servicio público, el debate político que se adelanta en el país no es irrelevante, pues es claro que en la actualidad existen dos puntos de vista para entender el alcance de este tipo de servicios: mientras algunos consideran que los servicios públicos son sólo “negocios”, que permiten grandes concentraciones de capitales, para otros se trata de actividades a través de las cuales el Estado puede asegurar el cumplimiento de sus fines sociales.

Cuando se habla de hacer campañas políticas a partir de generar opinión pública y de convencer a los ciudadanos, no puede pensarse en la eficacia de propuestas políticas sin contenido económico y social, por ello es necesario que los diferentes candidatos precisen con toda claridad, que piensan sobre asuntos, como la universalización de los servicios, la protección del medio ambiente; la defensa del derecho de los usuarios y la redistribución de las utilidades que genera el sector.

Dado que los diferentes candidatos han ocupado posiciones administrativas o ejercido envestiduras de tipo político, no es difícil predecir cuál sería el futuro del sector, en el caso de llegar a ser elegido, y cuál es el grado de sensibilidad con el que se ocuparan de temas sociales y cuáles serán sus prioridades a la hora de determinar sus preferencias al asignar los recursos públicos en la ejecución de las tareas que le corresponden al Estado.

Desde la expedición de la Ley 142 de 1994, en el país no se experimentan grandes transformaciones de tipo legislativo en el sector de los servicios públicos domiciliarios y se ha llegado la hora de poner a tono el texto de la legislación, con las nuevas prioridades ecológicas, económicas y sociales, por lo tanto, este tema no puede ausente de la agenda programática que presenten los diferentes candidatos.

Además: Aseguramiento en la prestación del servicio de agua potable

Si bien la democracia de participación se caracteriza por la vinculación de los particulares al cumplimiento de los fines del Estado, esa forma de participación no puede entenderse como la privatización de los asuntos públicos, sino al contrario es permitir que los particulares dentro del ejercicio del derecho a la libre empresa e iniciativa privada que son motor de desarrollo, puedan comprometerse como participes de un modelo de economía social de mercado, encontrar ese punto de equilibrio entre los social y el mercado debería ser una prioridad de los diferentes candidatos.

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