El presidente Juan Manuel Santos dijo este martes que sólo firmará la extradición del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno a los Estados Unidos cuando este diga la verdad, “tal y como me lo ha pedido la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Acusaciones del Congreso”.

Según la investigación, Moreno habría recibido dineros para modificar el expediente del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

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El exfiscal Moreno consiguió un principio de oportunidad con el ente investigador para que se le investigue solo por hechos ocurridos cuando ejercía como jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, para que continúe su proceso de colaboración ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía y para que rinda versión en los procesos que se adelantan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Por su parte, Néstor Humberto Martínez, fiscal General de la Nación, señaló que “hemos coordinado con el departamento de justicia de los Estados Unidos que, para los efectos de su concurrencia en el juicio, que debe realizarse a partir de los testimonios que él brinde, se podrán hacer a través de audiencia por medios electrónicos”.

Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla son solicitados por la Corte del Distrito Sur de la Florida tras revelarse una grabación hecha por la DEA en la que se escucha que estas dos personas pidieron dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para ralentizar el proceso penal en su contra por actos de corrupción durante su administración en ese departamento.

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Según la justicia norteamericana, los cargos de conspiración para lavar de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario que se les imputa tiene fundamento en los siguientes hechos: Lyons habría ofrecido dinero para que el exfiscal les entregara los nombres de los testigos en su contra y sus testimonios para tener tiempo de controvertirlos. Moreno y su abogado habrían exigido $400 millones y US$40.000 adicionales a cambio de acceder a la petición. El exfiscal además se comprometía a cargar con trabajo adicional a los fiscales encargados del proceso para que no tuvieran tiempo disponible para dedicarle al caso Lyons.