El gobierno del doctor Santos, asumiendo la vocería de las Farc, avanza en el trámite del decreto-ley que incorporaría el punto 1 del acuerdo -titulado "Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral"- al orden jurídico colombiano. Para dar tal paso, las autoridades admiten la tesis de las Farc y algunos sectores académicos, descartada, a su vez, por gremios, expertos y políticos, que atribuye la violencia de las últimas décadas a conflictos por ilegitimidad en la tenencia de la tierra, olvidando inocultables factores ideológicos y el enriquecimiento ilícito acelerado de los grupos criminales. La falacia de la sustentación sirve para aclimatar una profunda, y no necesariamente benéfica, transformación del campo colombiano, en la que las instancias y mecanismos que hoy se proponen como absolutos serán meros instrumentos de transición.

Los profundos cambios que se anuncian serán impuestos, ha declarado el Gobierno Nacional, mediante decreto-ley que el presidente expedirá tras recibirlo de la Agencia Nacional de Tierras, que dejó al Ministerio de Agricultura en el papel de consueta de una iniciativa que reestructura el campo, las instituciones que lo orientan y, fundamentalmente, los principios liberales de respeto a la propiedad privada e incentivo a la inversión, siempre bajo el criterio de la responsabilidad social de la propiedad. Como si tratara de ocultar su desconocimiento del Congreso, instancia responsable de conocer, debatir y afinar iniciativas de tanta trascendencia, el Gobierno ha optado por ejercicios locales y casi privados de "socialización" con actores preseleccionados que promueven "ajustes", y no las discusiones necesarias, ante esta ruptura de las instituciones económicas de la democracia. Quienes no clasifican entre los interlocutores para el proyecto, pero tienen interés en él, pueden dedicar tiempo y paciencia a encontrarlo medio-oculto en el sitio de la Agencia Nacional de Tierras. Leerlo significa padecer un texto tan farragoso como claramente dirigido a desprestigiar la actividad agropecuaria presente, creando así un marco argumentativo para cambiar un modelo económico plural, que no apoya pero tampoco ataca a empresas que buscan mercados globales, por el frágil modelo minifundista del agrarismo mexicano.

La iniciativa presentada pone bajo sospecha a los empresarios rurales, quienes han sido, por cierto, los principales objetivos militares y políticos de las Farc y las demás organizaciones criminales. La sospecha casi que general sobre la legitimidad de la tenencia de predios rurales no se compadece con la historia ni la protección constitucional a la propiedad privada. Tampoco hay explicación a que este proyecto, como el Censo Nacional Agropecuario publicado en 2014, oculte, o ignore, la agresiva concentración de predios rurales en manos de especuladores, muchos asociados a la economía ilegal, o de criminales que directamente o a través de apareceros explotan la tierra en minería ilegal y cultivos ilícitos, actividades depredadoras y causantes de violencia. Mentiras y omisiones son útiles al propósito de instaurar nuevos actores y representaciones del país agrario.

La transición sucederá de la mano de un proyecto que tiene intención de asentar un modelo agrario minifundista en el que se privilegia la tenencia por mujeres cabeza de familia. Tan regresivo esquema, que en otros momentos ha merecido rechazo hasta de intelectuales extremo-izquierdistas, se oculta con pomposas declaraciones sobre impulso a la asociatividad, que no encuentran desarrollo en la norma excesivamente reglamentaria pero que sí tienen torpedos en artículos como el que permite que las Unidades Agrícolas Familiares puedan ser formadas por predios separados entre sí (parcelación) o las que reglamentan el eufemístico "aprovechamiento de bienes sin transferencia de dominio" con que se nombran las controvertidas prácticas de arriendo o aparcería, impropias en un contexto de reforma agraria, y se presagia el resurgimiento del testaferrato rural que estuvo en la base de procesos de contrarreforma agraria que sucedieron entre los años 70 y 90, los cuales han sido documentados académicamente y se ven en el gráfico de contraportada.

La instauración de un sistema minifundista sustentado en Unidades Agrícolas Familiares, cuya extensión no es precisada en el documento, aunque sí lo está en reglamentación del Incora en 1996, se presenta como meta cuando en realidad es la primera victoria política de las Farc en su carrera hacia la toma de control del campo emergiendo como nuevo actor legitimado por instituciones que logró que el gobierno democrático moldeara según sus intereses.