El gobierno del doctor Santos, asumiendo la vocería de las Farc, avanza en el trámite del decreto-ley que incorporaría el punto 1 del acuerdo -titulado "Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral"- al orden jurídico colombiano. Para dar tal paso, las autoridades admiten la tesis de las Farc y algunos sectores académicos, descartada, a su vez, por gremios, expertos y políticos, que atribuye la violencia de las últimas décadas a conflictos por ilegitimidad en la tenencia de la tierra, olvidando inocultables factores ideológicos y el enriquecimiento ilícito acelerado de los grupos criminales. La falacia de la sustentación sirve para aclimatar una profunda, y no necesariamente benéfica, transformación del campo colombiano, en la que las instancias y mecanismos que hoy se proponen como absolutos serán meros instrumentos de transición.

Los profundos cambios que se anuncian serán impuestos, ha declarado el Gobierno Nacional, mediante decreto-ley que el presidente expedirá tras recibirlo de la Agencia Nacional de Tierras, que dejó al Ministerio de Agricultura en el papel de consueta de una iniciativa que reestructura el campo, las instituciones que lo orientan y, fundamentalmente, los principios liberales de respeto a la propiedad privada e incentivo a la inversión, siempre bajo el criterio de la responsabilidad social de la propiedad. Como si tratara de ocultar su desconocimiento del Congreso, instancia responsable de conocer, debatir y afinar iniciativas de tanta trascendencia, el Gobierno ha optado por ejercicios locales y casi privados de "socialización" con actores preseleccionados que promueven "ajustes", y no las discusiones necesarias, ante esta ruptura de las instituciones económicas de la democracia. Quienes no clasifican entre los interlocutores para el proyecto, pero tienen interés en él, pueden dedicar tiempo y paciencia a encontrarlo medio-oculto en el sitio de la Agencia Nacional de Tierras. Leerlo significa padecer un texto tan farragoso como claramente dirigido a desprestigiar la actividad agropecuaria presente, creando así un marco argumentativo para cambiar un modelo económico plural, que no apoya pero tampoco ataca a empresas que buscan mercados globales, por el frágil modelo minifundista del agrarismo mexicano.

La iniciativa presentada pone bajo sospecha a los empresarios rurales, quienes han sido, por cierto, los principales objetivos militares y políticos de las Farc y las demás organizaciones criminales. La sospecha casi que general sobre la legitimidad de la tenencia de predios rurales no se compadece con la historia ni la protección constitucional a la propiedad privada. Tampoco hay explicación a que este proyecto, como el Censo Nacional Agropecuario publicado en 2014, oculte, o ignore, la agresiva concentración de predios rurales en manos de especuladores, muchos asociados a la economía ilegal, o de criminales que directamente o a través de apareceros explotan la tierra en minería ilegal y cultivos ilícitos, actividades depredadoras y causantes de violencia. Mentiras y omisiones son útiles al propósito de instaurar nuevos actores y representaciones del país agrario.

La transición sucederá de la mano de un proyecto que tiene intención de asentar un modelo agrario minifundista en el que se privilegia la tenencia por mujeres cabeza de familia. Tan regresivo esquema, que en otros momentos ha merecido rechazo hasta de intelectuales extremo-izquierdistas, se oculta con pomposas declaraciones sobre impulso a la asociatividad, que no encuentran desarrollo en la norma excesivamente reglamentaria pero que sí tienen torpedos en artículos como el que permite que las Unidades Agrícolas Familiares puedan ser formadas por predios separados entre sí (parcelación) o las que reglamentan el eufemístico "aprovechamiento de bienes sin transferencia de dominio" con que se nombran las controvertidas prácticas de arriendo o aparcería, impropias en un contexto de reforma agraria, y se presagia el resurgimiento del testaferrato rural que estuvo en la base de procesos de contrarreforma agraria que sucedieron entre los años 70 y 90, los cuales han sido documentados académicamente y se ven en el gráfico de contraportada.

La instauración de un sistema minifundista sustentado en Unidades Agrícolas Familiares, cuya extensión no es precisada en el documento, aunque sí lo está en reglamentación del Incora en 1996, se presenta como meta cuando en realidad es la primera victoria política de las Farc en su carrera hacia la toma de control del campo emergiendo como nuevo actor legitimado por instituciones que logró que el gobierno democrático moldeara según sus intereses.

Comentarios:

Santiago
2017-06-20 09:35:57

En esta ocasión el editor de El Mundo brilla por su falta de tino al utilizar falacias para negar la realidad del problema agrario en Colombia. La antítesis de la que parte (la negación de que la base del problema de la violencia sea la tenencia ilegítima de la tierra) muestra un total desconocimiento del inmenso material producido por los investigadores de todos los espectros ideológicos del país, que han mostrado que desde la década de 1930, con el primer intento de Reforma Agraria encabezada por un gobierno liberal (el de Alfonso López Pumarejo), el país ha fluctuado en un ciclo de violencia que tiene como centro la tenencia de la tierra. El informe presentado por la Comisión Histórica del Conflicto y de sus Víctimas en 2015 lo demuestra, contando con las voces de académicos con ideologías diferentes, que sin embargo se ponen de acuerdo sobre el punto de la tierra. Por otro lado, el editor de El Mundo confunde el criterio de legitimidad con el de legalidad. Del hecho de que la propiedad de la tierra sea ejercida legalmente, no se deriva que su adquisición, y la permanencia en ella, se dieran por medios legítimos. El mismo positivismo jurídico, usualmente usado como estandarte por los liberales que defienden la legalidad a toda costa como criterio fundante de un Estado de Derecho, ha reconocido que la legalidad y la legitimidad son criterios diferentes y que no coinciden. La legalidad se refiere principalmente a la validez y la eficacia del derecho; es decir, a que las normas jurídicas sean creadas de acuerdo a procedimientos previamente establecidos en normas preexistentes y a que la sociedad las acate. La legitimidad, en cambio, se refiere al problema de la justicia, que radica en la aceptación (moral y ética) de la sociedad de las normas que le son impuestas; y esta aceptación solo se da cuando esas normas responden efectivamente a los valores que la sociedad comparte, que son los que determinan su concepción de la justicia. Para aclarar cómo se aplican estos criterios al problema de la tierra hace falta ver los informes de gestión del Incoder, presentados tanto por esta entidad como por el Ministerio Público (en Internet se encuentra la evaluación que hizo la Procuraduría de la gestión del Incoder en 2015). Desde la época del Incora, incluso, según muestran los informes, se ha dado una concentración tremenda de la tierra en Colombia, alrededor de cuarenta millones de hectáreas (40.000.000 ha), que son utilizadas principalmente para ganadería extensiva y monocultivo, pero de las cuales la mayoría, en realidad, se mantiene en estado de improductividad. Esa situación es, en principio, legal (en el sentido de la validez, puesto que la propiedad de esa tierra ha sido legalizada de acuerdo a los formalismos establecidos por las normas jurídicas existentes), pero nunca será legítima, puesto que desconoce un principio recogido en la Constitución de 1991 (aunque ya había sido afirmado por el gobierno de López Pumarejo en el 34): el principio de la función social de la propiedad. Sin embargo, hay otro punto a considerar, el cual el editor de El Mundo no considera ni de cerca, y es el relativo al impacto posible de la Reforma Rural Integral contenida en el primer punto del Acuerdo Definitivo para la terminación del conflicto con las FARC. En este punto se acordó primeramente una redistribución de un total de diez millones de hectáreas (10.000.000 ha) concentradas. Solo tres millones de hectáreas (3.000.000 ha) corresponden a las tierras despojadas por grupos armados al margen de la Ley (tanto guerrillas como autodefensas paramilitares), mientras que las hectáreas restantes (7.000.000 ha) correspondían a la adjudicación de baldíos a los agricultores que necesitaran la tierra. En el acuerdo definitivo, modificado a causa del resultado del Plebiscito, se redujeron las hectáreas a redistribuir, eliminándose las que correspondían a la devolución de tierras despojadas. En estas condiciones, en realidad la Reforma Rural Integral no es una amenaza para los grandes terratenientes que concentran la tierra en grandes extensiones (tanto productivas como improductivas), así como tampoco es un gran alivio para los campesinos y pequeños agricultores que necesitan acceder a la tierra para su sustento. Así pues, se evidencia lo ridícula que es la posición del editor de El Mundo tratando de hacer ver en el primer punto del Acuerdo una amenaza gravísima para el orden de la propiedad privada de la tierra que se ha mantenido intacto en Colombia desde el siglo pasado.

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