Protestas mineras pasan de la calma a la violencia 

Autor: Monica Andrea Saavedra Crespo
6 agosto de 2017 - 02:00 PM

Los actores ilegales en zonas de explotación minera han echado mano del terrorismo para defender los espacios que han ganado hasta ahora.

Antioquia

Las diferencias entre los mineros artesanales e ilegales de Antioquia por un lado y el Gobierno y las grandes empresas mineras por el otro, no son nuevas. Sin embargo, parecieran estar tomando un cariz peligroso toda vez que en días pasados ocurrieron hechos que podrían ser calificados claramente de terroristas en Buriticá, Segovia y Remedios. Ante esta situación vale preguntarse si hay factores distintos a simplemente mineros inconformes, así como qué están haciendo las autoridades nacionales y regionales para atajar un posible escalamiento del conflicto.

El 28 de julio una explosión dejó seis mineros muertos en El Morocho, una mina ilegal ya clausurada en Buriticá. Según la compañía Continental Gold, mientras sus contratistas se encontraban realizando una inspección subterránea “fueron abordados por parte de mineros ilegales, a lo que siguió una explosión”.

El día siguiente, el 29, le tocó a la GranColombiaGold. Desconocidos, usando explosivos, rompieron una tubería del acueducto Doña Ana que abastece a 1.200 habitantes en Remedios.

Todo lo anterior se da en el contexto de un nuevo paro cívico de los mineros de Segovia y Remedios que se inició el 21 de julio. Este hecho en sí mismo desembocó el 2 de agosto en enfrentamientos entre la fuerza pública, Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) incluido, y los mineros y otros manifestantes, lo que motivó un decreto de toque de queda por parte del gobernador. Los choques ya llevan 21 lesionados como saldo, más la muerte, este jueves, de un joven en lo que parece ser un hecho de sicariato. Por otra parte, además de daños materiales a vehículos y viviendas, con explosivos fueron afectados dos taladros de la GranColombiaGold, avaluados en $6.000 millones.

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Es importante recordar que Buriticá es un caso mientras que Remedios y Segovia forman otro. En el municipio occidental se trata de una minería ilegal de reciente data donde el Estado dice haber avanzado de manera considerable en su extinción, mientras que en los municipios del Nordeste la ilegalidad se combina con una actividad ancestral de 200 años de historia.

¿Quienes están detrás?
Dada la virulencia de los ataques y el tipo de acciones llevadas a cabo, no parece haber duda de que elementos extraños a la protesta minera se han incorporado en estas acciones. 
Para el presidente de Continental Gold, Mateo Restrepo Villegas, en Buriticá los contratistas fueron “atacados y asesinados”, por lo que le hace un llamado a todas las autoridades judiciales para que lleguen a los responsables de estos crímenes. Y de igual forma llama a las autoridades administrativas y a la fuerza pública para ejercer el control de la extracción ilícita de minerales “sobre el territorio y poder anular por completo cualquier tipo de minería ilegal y, en especial, cualquier acto criminal que normalmente ocurre de la mano de esta actividad”.

Por su parte, el coronel Wilson Pardo Salazar, comandante del Departamento de Policía Antioquia, en referencia a Segovia y Remedios, instó a los mineros ancestrales a que denunciaran y aislaran a quienes no realizan minería y están generando desmanes. Según Pardo Salazar, en el paro cívico se pasó de una manifestación pacífica a utilizar explosivos y vías de hecho. 
Jaime Arteaga de Brigard, director del Plan Buriticá, diseñado para atacar la minería ilegal en la zona, señaló que en Colombia se han logrado desmontar las estructuras armadas que tienen argumentación política, pero se han mantenido las economías ilegales, ya que estas “tienen unas escalas superiores a las que pudiera haber manejado cualquier cartel en su conjunto”.

Precisó que el Estado sí está realizando intervenciones militares y de seguridad, sin embargo aún quedan muchos grises de la llamada minería informal e instó a que se cree una línea marcada entre lo ilegal y la minería bien hecha. “En Remedios y Segovia no sé cómo se va a resolver eso porque junto con los mineros ilegales están marchando gremios legales que de alguna manera están viviendo esa economía”, mientras que en Buriticá “ocurre lo mismo pero en una escala menor”, e indicó que es el único municipio de Colombia que le ha estado ganando la batalla a la ilegalidad.

Asimismo, el abogado minero y ambiental y profesional independiente, Hernando Escobar Isaza, señaló que los grupos al margen de la ley pescan en río revuelto, “y se incluyen donde haya una protesta social. Es una constante, pero el Gobierno lo está tratando de reprimir con el Ejército y el Esmad”.

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Es una situación compleja, porque algunos habitantes han denunciado que el Esmad está atacando a la población civil mientras que la Mesa Minera de Soluciones de Segovia y Remedios señala que su manifestación es pacífica.

Por su parte, el experto en minería Jorge Jaramillo Pereira, explicó que el recrudecimiento de la violencia en esta región obedece a varios factores conjugados, “entre ellos infiltración de agentes externos que por intereses propios manipulan y desinforman. En la región existe poca cultura de formalización y la implementación de medidas de regularización incomodan” y concluyó que ninguna actividad es sostenible en el largo plazo si no está enmarcada en un ordenamiento legal y acorde a lo establecido por la ley.

Las acciones del Estado
Según la secretaria de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, Victoria Ramírez Vélez, desde el miércoles 2 de agosto en Segovia y Remedios “la fuerza pública incrementó el pie de fuerza, ya hoy tenemos Ejército y Policía, tenemos inteligencia, dos fiscales, toda la capacidad de fuerza pública y organismos de justicia para controlar la situación”.

Asimismo, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez informó a la ciudadanía que hay una recompensa de $50 millones para los ciudadanos que denuncien actores violentos, eso además de “militarizar el municipio de Segovia y luego el de Remedios.

La GranColombiaGold reconoce que la gobernación ha dispuesto fuerza pública para garantizar seguridad en estos municipios, sin embargo, no ha sido suficiente y han denunciado la problemática a raíz de las vías de hecho durante los días de paro.

Para Lombardo Paredes Arenas, presidente de la compañía, se trata de un tema que requiere acciones puntuales y urgentes por parte del Estado, de lo contrario se generará una tragedia. “Rechazamos de manera vehemente las vías de hecho que atentan contra los derechos humanos y hacemos un llamado sentido al Gobierno para que se apropie de la situación”. La compañía reafirma su preocupación por el fortalecimiento que está teniendo el denominado “cartel de los explosivos”, una estructura delincuencial que trafica explosivos de alto poder para beneficiar a la minería criminal e ilegal en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño.

En Buriticá el Estado había logrado avanzar gracias al Plan Buriticá, dentro del cual se ejecutó la operación militar Creta,  que reunió al Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y el CTI junto a la Continental Gold y buscó acabar con la minería ilegal en el municipio y propinar un duro golpe a las finanzas de grupos al margen de la ley.

Además, Restrepo Villegas manifestó que después de esta operación se mejoró sustancialmente la situación de orden público, a pesar de la continua presencia de bandas criminales, que no han dejado de amenazar a la Continental Gold. 

Ante lo ocurrido en Buriticá consideró que se requiere un mayor pie de fuerza para tener un mejor control efectivo territorial e hizo un llamado a las autoridades con el fin de revisar y redoblar los esfuerzos y así poder judicializar a las personas que cometen estos actos delictivos. 

En referencia a la fuerza armada, se pudo conocer, según la Séptima División del Ejército Nacional, que en esas zonas mineras antioqueñas se cuenta con el Batallon Especial Energético y Vial Número 8, “esta unidad está encargada de la seguridad perimetral y de contención de esa zona de Antioquia. Adicional a ello, en ese territorio se desarrolla la operación militar y policial Agamenon II”.

Finalmente, el alcalde de Buriticá, Humberto Castaño Úsuga, mostró su preocupación por la reducción de la fuerza pública ya que actualmente no es suficiente “para hacer los continuos monitoreos necesarios en toda la zona minera con el fin de que esas bocaminas que se han venido cerrando no las vuelvan a abrir”. Coincidió con ello Arteaga de Brigard, director del Plan Buriticá: “El pie de fuerza se redujo hace poco más de un mes y empezaron a fluir mineros ilegales, que se sienten atacados porque consideran legítima esta actividad”, concluyó.

El esfuerzo de formalizar
Los mineros de Segovia y Remedios están en desacuerdo con el Gobierno al parecer por lo que consideran un exceso regulatorio. El viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante Puentes, indicó que la ley 1658 estableció que desde julio de 2018 está prohibido el uso del mercurio en las actividades de beneficio y por eso el Gobierno expidió en septiembre del año pasado un decreto de control a las plantas de beneficio. Asimismo, agregó que pusieron controles a partir de unos estudios que determinaron los topes de oro a extraer en el barequeo, por lo que se empieza a controlar esta medida a través de las alcaldías. 

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En otros esfuerzos de formalización, el director de Asuntos Corporativos de AngloGold Ashanti, Juan Camilo Nariño Alcocer, destacó el compromiso de la compañía con el que se lleva a cabo con la pequeña minería en San Roque (Antioquia) en donde “se encuentra el proyecto de exploración Gramalote; proceso que viene siendo liderado por el Ministerio de Minas, la Secretaría de Minas de Antioquia y la Alcaldía Municipal, acompañados de la Personería Municipal”.

Presencia institucional
Debido a las continuos hechos de alteración del orden público, Arteaga de Brigard hizo un llamado para que la presencia militar, de la Policía, de la Fiscalía y de los jueces, así como las agencias sociales del Estado, sea estable en los municipios. Y aunque reiteró que el plan Buriticá ha logrado contener la minería ilegal, advierte que cuando se baja la guardia suceden situaciones como la de los contratistas asesinados. 

A su vez, destacó un punto fundamental y es que “están descargando la obligación de dictar todas las órdenes administrativas para el cierre de las minas ilegales en el alcalde”, cuando esto debería hacerlo la gobernación, ya que las presiones sobre las entidades municipales son superiores para las capacidades institucionales con las que cuentan.

Gobierno: formalización sin violencia
La semana pasada el Ministerio de Minas y Energía se reunió con la Gobernación de Antioquia y con los mineros de Segovia y Remedios con el fin de buscar una solución, sin embargo, hasta que no se pueda garantizar la seguridad en estos municipios, el Ejecutivo nacional anunció que no se sentará nuevamente con ellos. 

El viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante Puentes, señaló que no están prohibiendo o acabando con la minería ancestral, sino que le apuestan a que el principio de legalidad y formalidad prevalezca.

También hizo un llamado a los mineros a continuar el diálogo, debido a que sólo por las vías formales están dispuestos a respaldar los esfuerzos que se vienen haciendo por parte de aquellos para legalizarse. “Estamos dispuestos a garantizar la protesta pacífica, pero fundamentalmente protegiendo el derecho al trabajo de 4.500 personas que ya han avanzado en procesos de formalización”.

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