El desplazamiento de la esposa, los cuatro hijos y otros cinco familiares de Aulio Isarama Forastero, que ni siquiera lograron velar su cuerpo por temor a también ser asesinados, aumenta la tragedia del pueblo Embera-Dóbida y las comunidades afrodescendientes a quienes las organizaciones nacionales de comunidades étnicas, como la Onic y Orewa, declaran perseguidos por el Eln.

Lea sobre la petición de investigar el crimen

El crimen contra el gobernador, ocurrido el pasado martes 24 de octubre, obligó a los indígenas y sus representantes a enfrentar sus temores y romper silencios que ocultaron sucesivos, y graves, crímenes contra indígenas y comunidades afrodescendientes que habitan en el centro-occidente de Chocó. En menos de un mes han sido asesinados el gobernador Aulio Isarama y el exgobernador Esquivel Montoya; también fue secuestrado, el pasado 7 de octubre, el maestro John Eriberto Isarama Forastero. Las organizaciones denunciaron también desplazamientos y actos de confinamiento que han afectado a más de 4.500 personas, de las cuales cerca de 1.500 han sido indígenas.

Lo que viene ocurriendo en los municipios de Medio Baudó y Bajo Baudó, principalmente, es una severa crisis humanitaria acallada por el miedo de las víctimas y la indolencia de las autoridades nacionales. Por su gravedad es insólito que voceros del Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo se hubieran limitado a delegar en la ONU investigaciones para determinar si las denuncias de todas las comunidades, sus autoridades y organizaciones son veraces. Una investigación fue también lo que anunciaron los voceros del Eln en la mesa de Quito.

Más que esa característica medida dilatoria tan recurrida por la burocracia centralista, los pueblos merecen ser protegidos con medidas de seguridad eficaces para contener la persecución de que son víctimas, así como tienen todo el derecho a que se les garantice el esclarecimiento de la autoría y los castigos correspondientes a la gravedad de los hechos.

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Con estos hechos, el proceso de conversaciones con el Eln vuelve a revelarse inconsistente y débil, pero también sostenido por la terca persistencia de un gobierno que muestra más afán en declaraciones de ceses al fuego que no se cumplen y en firmas que no garantizan respeto por la vida, recuperación de la seguridad y construcción de equidad, que son los fundamentos de la paz de que todavía no disfrutan las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y rurales, que son las que primero acusan los golpes del crimen organizado.