Fue el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Medellín el que el pasado martes, 18 días después de que el presidente Juan Manuel Santos sancionara la Ley de Amnistía, negó la primera solicitud de este tipo en el país.

Así lo denunció Hernando Loaiza Bastidas, quien no sólo es vocero de la Alianza Antioqueña por la Paz, sino que además pertenece a la Corporación Nelson Mandela, que acompaña los procesos de amnistía e indulto para guerrilleros de las Farc en Antioquia.

Loaiza Bastidas afirmó que la solicitud elevada por el guerrillero Winston Gallego Pamplona, exintegrante del Frente Jacobo Arenas, “fue negada sobre la base de que no hay un listado disponible para la jueza, para poder certificar que efectivamente la persona que solicitó su amnistía, pueda presumir ella que es miembro de las Farc”.

Para el vocero, el argumento de la jueza pierde validez en tanto Gallego Pamplona “fue un hombre condenado por la Corte Suprema de Justicia como miembro de las Farc”.

En ese orden de ideas, “aquí hay contrasentido que lleva a que se tenga que establecer un protocolo entre la Rama Judicial y el Ejecutivo, en especial con el alto comisionado para la Paz, para que un juez o un fiscal que esté investigando o un juez que esté haciéndole seguimiento a la pena, efectivamente pueda certificar que esa persona hace parte o es miembro de las Farc como tal”, subrayó Loaiza Bastidas y añadió que la solución está en un diálogo claro entre todas las partes involucradas en el proceso judicial: “Es necesario que la Rama se sume al proceso de paz, que el Consejo Seccional de la Judicatura y el Inpec se sienten a hablar con la Comisión Tripartita aquí en Antioquia, para que esto no se convierta en un problema”.

El vocero recalcó, finalmente, que su alerta responde al número de solicitudes de amnistía que hay formuladas en el departamento y que deberán ser analizadas de acuerdo con la nueva Ley: “Tenemos 380 solicitudes en Antioquia, de 4.200 que hay en todo el país. Entonces, respetando la autonomía que tiene cada juez, respetando la autonomía de la Rama Judicial, efectivamente la persona que solicite su amnistía, siendo miembro de las Farc, debe estar en el listado que fue entregado al Gobierno Nacional previamente a la firma de los acuerdos y esa persona puede gozar del beneficio, además porque la ley que está fue una ley concertada entre Gobierno y Farc”.

Al respecto, el desmovilizado del M19 y actual asesor de Paz de la Gobernación de Antioquia, Luis Guillermo Pardo, expresó que “yo le decía ahora a Hernando Loaiza: hay tropiezos con la primera amnistía, pero es normal, asumimos que haya una responsabilidad interna de la Justicia y logre entender que ya la Ley de Amnistía fue aprobada, por consiguiente ya los jueces deben y tienen que proceder. Es que ya está aprobado por el Gobierno Nacional”.

La competencia de la JEP
El integrante de la Corporación Nelson Mandela, Hernando Loaiza Bastidas, explicó que el tipo de amnistía que solicitó Winston Gallego Pamplona se clasifica como De Iure, es decir, está exclusivamente ligada al delito político y delitos conexos, y debe ser otorgada por la justicia ordinaria.
De otro lado, existen otros cuatro casos de amnistía definidos por la Ley, donde la Jurisdicción Especial para la Paz será la encargada de revisar cada caso y determinar si otorga o no el beneficio.