El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 350, permite la celebración de preacuerdos en materia penal desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación. Se hace ante el fiscal y éste lo remite al juez del conocimiento. No se puede negar humanamente que perder la libertad, estar en el escarnio público, tener inhabilidades y afrontar una sanción económica, son verdaderas pesadillas para cualquier persona.

Acaba de darse una situación controversial e irritante en Colombia: el preacuerdo entre Alejandro Lyons, avieso exgobernador de Córdoba (vinculado con el tristemente célebre cartel de la hemofilia) y la Fiscalía, para que Lyons pague apenas sesenta y tres (63) meses de cárcel, dentro del principio de oportunidad, solo por el punible de concierto para delinquir, apeando los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación.

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Lyons tiene seis (6) procesos con responsabilidad presunta por más de $ 66.000 millones por corrupción (robo de regalías de Córdoba). Según el preacuerdo, el exgobernador devuelve míseros $ 4.000 millones a la Contraloría por los desfalcos y es tan absurdo este hecho que la misma Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, calificaron todo esto con el tufillo del mal ejemplo para el país. En Córdoba hay indignación y el veedor Pedro Lopez repitió con rabia que “ser pillo paga”.

El cuento es que Lyons dizque ayudará a la justicia (en aras de justificar este ridículo preacuerdo) por espacio de un año, para “echarle dedo” dizque a Musa Besaile, Camilo Tarquino, Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Guillermo Pérez y Edwin Besaile. Y con esto se lavan las manos en cuanto a la cifra tan irrisoria que tendrá que devolver.

Pero en esencia, estamos ante una figura que pareciera muy noble, pero que la Fiscalía ha difuminado completamente. Veamos: El 10 de noviembre de 2017, la jueza 9ª con funciones de conocimiento de Bogotá, negó el preacuerdo entre el corrupto contratista Andrés Cardona y la Fiscalía, por el caso Odebrecht (contrato para el interceptor Tunjuelo-Canoas, con soborno a cuestas de $ 1.000 millones), que implicaba una pena de ocho (8) años y diez (10) meses de cárcel.

El 20 de noviembre de 2017, el juez 2º especializado de Bogotá tumbó el preacuerdo entre Otto Bula (vinculado al caso Odebrecht) y la Fiscalía General, que implicaba reintegrar apenas el 50% del incremento patrimonial, dándose una condena de cinco (5) años de cárcel por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y cohecho propio, en donde debía devolver apenas $ 4.400 millones y firmar un pagaré por $ 2.200 millones, dinero pagadero en año y medio.

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Pese a estar prohibidos, la Fiscalía General ha hecho preacuerdos en casos de feminicidios, con reducciones indebidas de penas. Se recuerda el caso de Medellín (Miguel Flórez), donde se otorgó un preacuerdo de un descuento de la pena por muchísimos meses de cárcel. También se recuerda el caso de Inocencio Meléndez (Exasesor jurídico del IDU), quien obtuvo una rebaja de una tercera (1/3) parte que comportó condena de noventa (90) meses, dentro del carrusel de la contratación y la exigencia de dinero a los Nule.

Tampoco olvida el país, el humillante preacuerdo del 3 de noviembre de 2017, entre el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno (eje de la corrupción de la rama judicial) y la Fiscalía, con probados delitos de concusión e indebida utilización de información privilegiada, que comportaba inmunidad penal por los delitos que cometió como abogado litigante. En fin, la Corte Suprema de Justicia ha recordado que los jueces de conocimiento de la jurisdicción penal no pueden modificar los términos de los preacuerdos entre la Fiscalía y los investigados, dado que solo pueden aprobarlos o anularlos. 

Estamos en la física olla, con una Fiscalía que permite preacuerdos roñosos que son una gabela para los forajidos y que incentivan a delinquir porque les alejan el miedo de la guandoca ancha y les ahuyentan el temor de devolver un billete largo. Tiene razón el profesor y politólogo Gilberto Tobón Sanín cuando dice que “este país está diseñado para robárselo”.