Aunque países como Ecuador y Perú, salpicados por el caso Odebrecht, ya se manifestaron en contra de quienes están inmiscuidos en esta marea de corrupción, otras naciones no se han movido al mismo ritmo. Ante este escándalo que ha sacudido a toda América, la opinión pública quizás espera mayor celeridad en el avance de las investigaciones y en la aplicación de la ley a los funcionarios señalados por supuestas irregularidades relacionadas con pago de sobornos y financiación indebida de campañas políticas. No obstante según expertos, es peligroso apresurar el proceso legal dado que esto podría significar un fallo equívoco para todos los involucrados.

Para el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y doctor en Relaciones Internacionales de la American University, Sebastián Bitar Giraldo, dar prisa a este tipo de casos puede generar una recopilación incompleta de material probatorio, y adelantar las acciones en un momento inapropiado; lo que motivaría un vacío correctivo frente a un implicado que en realidad lo merezca.

“Recordemos el caso del expresidente Ernesto Samper, a quien presuntamente le fue financiada su campaña presidencial con dineros del narcotráfico, y a pesar de toda la evidencia reunida, el Congreso de la República finalmente tomó la decisión de no juzgarlo. Para enjuiciar a un jefe de Estado se debe tener en cuenta que prima el aspecto político y no necesariamente el judicial. Lo que se necesita para ver un castigo impuesto a un presidente, es que se junten ambos ingredientes”, expuso el docente de la Universidad de los Andes.

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Bitar Giraldo aseveró que en este orden de ideas, lo más peligroso de apurarse es elevar el nivel de presión a la Fiscalía. “Así las cosas, el ente acusador en su afán de evidenciar que si está actuando, puede producir una distorsión en los procesos, sobre todo por el acoso de los medios de comunicación”.

Lo que se debe hacer en este momento a juicio del doctor en Relaciones Internacionales citado, es darle espacio a la Fiscalía sin dejar de lado la vigilancia rigurosa, “con el propósito de determinar si la entidad está realizando su trabajo de manera adecuada. Si el ente acusador está haciendo el trabajo conforme a las condiciones, es necesario respetar los tiempos. Yo no pensaría que la justicia en Colombia no se está moviendo, creo que se ha hecho un buen trabajo en muchos casos, no en todos, pero estos procesos toman un tiempo, sobre todo cuando se trata de corrupción”.

Desde la óptica del politólogo y estratega ejecutivo del centro de estudios en temas ciudad, Casa de las Estrategias, Lucas Jaramillo, acelerar la justicia puede llevar a que se pierdan las garantías en un sistema. “La opinión no puede dirigir el conductor regular. La muchedumbre pareciera necesitar siempre un culpable, y si no hay suficientes pruebas en contra de alguien se traduce en ineficiencia. En Colombia debemos creer más en la reputación y en la autoregulación. Necesitamos otra formación ciudadana, otros relatos públicos y sensibilidades. No se nos puede olvidar que el problema de la corrupción es un conflicto de empatía”, consideró Jaramillo.

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En cuanto al desarrollo de los castigos aplicados en Ecuador por la trama de corrupción con Odebrecht, donde el vicepresidente Jorge Glas deberá pagar seis años de prisión y una significativa indemnización, de 33,3 millones de dólares, o en Brasil donde Dilma Rousseff resultó destituida y  en Perú, donde el presidente Pedro Pablo Kuczynski podría corre la misma suerte, el profesor Sebastián Bitar aseguró que fueron los momentos políticos los cuales incentivaron estos fallos.

Añadió Bitar que “Cuando un Congreso es de oposición y maneja una agenda política distinta a la de un presidente es más fácil llegar a un desenlace como el de Ecuador y Brasil. En estos países hubo una ruptura política, por eso hay que mirar las condiciones de cada nación”.

“No pienso que Colombia sea más débil en su sistema judicial que los países vecinos, obviamente nuestro sistema tiene problemas, pero si uno le pregunta a un brasilero dirá que su aparato judicial es el peor y lo mismo pasará si se le pregunta a un ecuatoriano. Creo que nuestro sistema tiene la capacidad para llegar a las conclusiones necesarias”, puntualizó el docente de la Universidad de los Andes.