Diversas voces implicadas en arresto del opositor, entre ellas la de la exfiscal Luisa Ortega, aseguran que su aprehensión obedeció a presiones del Gobierno Maduro.
López fue apresado el 18 de febrero de 2014 y condenado luego por delitos asociados con una marcha antigubernamental.
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) de mayoría opositora, declaró este martes que el juicio del opositor Leopoldo López, condenado a casi catorce años de prisión, tuvo "vicios de nulidad" por lo que pidió a las autoridades competentes otorgar la libertad al líder del partido Voluntad Popular (VP).
El Parlamento acordó "reconocer los vicios de nulidad absoluta en el juicio" contra López, rechazar la "reclusión ilegal, inconstitucional e injusta" en la que denuncian que se encuentra y "deplorar todas las irregularidades que han ocurrido durante el ilegítimo proceso (...) que han menoscabado sus derechos fundamentales".
Por ello y de forma unánime los diputados aprobaron exigir el reconocimiento de "sentencias internacionales que instan al Estado venezolano, y en consecuencia exhortar a las autoridades, a otorgar la libertad inmediata" del opositor.
La Cámara recordó durante el debate de este martes que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Unión Europea y numerosos gobiernos han pedido la excarcelación de López, considerado un "preso político".
Asimismo, el Legislativo reiteró que el fiscal acusador, Franklin Nieves, la jueza que ordenó el arresto, Ralenis Tovar, y la exfiscal general, Luisa Ortega, han reconocido en los últimos meses que el caso estuvo amañado y respondió a presiones del Gobierno de Nicolás Maduro.
López fue apresado el 18 de febrero de 2014 y condenado luego por delitos asociados con una marcha antigubernamental que se desarrolló seis días antes en Caracas, en la que fallecieron tres personas cuyas muertes fueron atribuidas a funcionarios policiales y no al dirigente opositor.
Esta manifestación dio paso a una oleada de protestas que acabó con más de 40 fallecidos y decenas de heridos. Desde el año pasado, el líder de VP se encuentra bajo arresto domiciliario, con restricciones para las visitas y con prohibición de emitir declaraciones públicas.
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