El 31 de enero María Eugenia Gaviria, madre de un adulto con autismo, recibió un correo de Integral IPS que decía que si Coomeva no hacía los aportes económicos estipulados se verían obligados a suspender los servicios de salud que prestaban a su hijo. Así como ella, otros 44 padres recibieron el mismo mensaje. El 2 de febrero fueron suspendidos.

El 10 de febrero los padres realizaron una marcha contra la EPS exigiendo una respuesta oportuna. En un comunicado de prensa, Coomeva aseguró que ha hizo los pagos correspondientes, pero la IPS respondió que no era suficiente, por lo que el servicio continuó suspendido.

Por este motivo, hoy se reunieron nuevamente para hacer un plantón ante la EPS. De esta manifestación, según indicó Gaviria, lograron que Coomeva llegara a un acuerdo con Integrar, por lo que la IPS atenderá a los pacientes a partir del primero de enero, “pero aclararon que si para el 20 de marzo no hacen un abono grande suspenden nuevamente los servicios, porque la Integral necesita dinero para pagarle a los profesionales”.

Para el jueves a la 8:30 de la mañana, los padres de familia convocaron a un nuevo plantón, esta vez frente a la Superintendencia de Salud, “porque ellos saben de nuestra situación pero no hacen valer nuestros derechos: la ley establece que nuestros hijos, por estar en situación de discapacidad, tienen prelación”, concluyó Gaviria.

Esta no es la primera vez que esto sucede, en 2016 estos mismos pacientes estuvieron aproximadamente un mes sin el servicio.