En estos momentos las comunidades locales en el país están empeñadas en un rechazo casi generalizado a los proyectos mineros que están impulsando el Gobierno Nacional y las empresas multinacionales, veto que se está extendiendo a la industria petrolera y al sector hidroeléctrico. La consigna que se agita por los promotores de las consultas municipales se basa en falsos dilemas: oro o agua, petróleo o agua, electricidad o agua. Empezando por el petróleo, no es cierto que la extracción de petróleo por métodos convencionales y buenas prácticas afecte las aguas superficiales ni tampoco las aguas subterráneas, tal como lo demuestra la explotación ya casi centenaria de los campos de Ecopetrol en Barrancabermeja. Lo mismo se dirá de la minería y de la hidroelectricidad.

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Esta situación tiene serias implicaciones en el desarrollo nacional y regional, que es necesario que de manera objetiva entremos a considerar.

Empecemos por el petróleo que es el caso más crítico. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos las reservas petroleras con que cuenta el país apenas alcanzan para 5,1 años de autosuficiencia. Este término es angustioso, ya que desde el momento en que se prueba la existencia de un yacimiento de hidrocarburos hasta que entra en producción pueden trascurrir entre 4 y 6 años. Esto quiere decir que Colombia tendría que empezar a importar petróleo a partir del 2022, a no ser que se actúe ya con acciones precisas.

La situación del gas natural no es distinta, donde también se anticipa déficit de la oferta interna del combustible para el año entrante. A pesar de los anuncios oficiales sobre descubrimientos de gas en aguas profundas del Caribe colombiano, falta mucho camino por recorrer en lo relativo a comprobación de reservas que hagan factible su explotación comercial, así como en la construcción de la costosa infraestructura para transportar el hidrocarburo hasta tierra firme y su conexión a la red existente o por construir de gasoductos, que permita su entrega a los usuarios. Mientras tanto seguiremos importando gas licuado para atender las térmicas de la Costa Atlántica y próximamente las del Valle del Cauca.

Aquí vale la pena destacar los esfuerzos que desde la academia se están haciendo para paliar la crisis energética que se nos vino encima. En efecto, la Facultad Nacional de Minas avanza en un proyecto de investigación para la gasificación de los carbones antioqueños que, de materializarse, resolvería el déficit que se anticipa en el mercado regional del gas natural, proyecto que reclama para su complementación del apoyo institucional en especial de EPM, como dueña del mercado regional del gas natural y de la red de distribución.

La experiencia de importar petróleo ya la sufrió el país en la década del 70, crisis superada gracias a la política de asociación Ecopetrol-compañías internacionales, diseñada y puesta en marcha por los gobiernos de los presidentes Lleras Restrepo y López Michelsen, que dio sus frutos en la siguiente década con los descubrimientos petroleros de Cusiana-Cupiagua (también campo gasífero, ahora en declinación) y Caño Limón en los Llanos Orientales y de gas del campo costa afuera de Chuchupa-Ballenas en La Guajira (también declinante). Las exportaciones colombianas de petróleo en la década de los 80 impidieron que el país cayera en la crisis de la deuda externa que sacudió a Latinoamérica por aquella época y  produjo la bonaza de la primera década de este siglo, que nos duró hasta hace 3 años cuando el derrumbe de los precios internacionales del hidrocarburo. La crisis económica que sufre hoy Colombia en gran parte se origina en la caída de los ingresos fiscales originados por la caída delos precios del petróleo y de la misma producción interna del hidrocarburo.

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Prohibir por consultas populares la exploración petrolera, como ocurrió hace pocos días en Cumaral (Meta), consulta que muy probablemente se extenderá a otros 21 municipios también promisorios en el valioso recurso natural, es gravísimo para la Nación y los entes regionales, como explicaremos más adelante. El rechazo a la actividad extractiva de los recursos naturales es la desafortunada oportunidad que en esta época electoral encontraron los populistas para satisfacer sus ambiciones mezquinas. 

La caída de los ingresos petroleros no solo afecta las finanzas del Gobierno Central sino también las regalías e impuestos que reciben los entes regionales. Esto significa una mayor devaluación, mayores desajustes de la balanza de pagos, reducción de la inversión pública y del consumo de bienes y servicios, con la consecuente caída de la inversión privada, aumento del desempleo y reducción de los servicios a que está obligado el Estado en salud, educación y seguridad. Una verdadera catástrofe económica y social.

Es necesario que el país haga un profundo debate sobre el tipo de industria petrolera que requiere para adoptar medidas urgentes que estimulen la exploración petrolera, pero sobre todo para combatir la corrupción en las localidades productoras, que se patentiza al comparar el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas que asciende al 46% en las regiones petroleras y mineras con el menor índice en aquellas no productores (44%), situación que explica la inconformidad con la industria extractiva, que por causa de la corrupción política local no se traduce en bienestar para las comunidades.