Con la declaración de independencia de Cataluña por una parte de los parlamentarios que la sustentaron en el veredicto del referendo del pasado 1 de octubre y con la posterior decisión del gobierno español de declarar la disolución del ejecutivo catalán, además de convocar a elecciones el próximo 21 de diciembre, independentistas y unionistas aumentan el pulso por imponer cada uno su propia agenda, así ello les implique poner en riesgo la primera región económica del país y la estabilidad de España. La gravedad del pulso convoca especialmente a los catalanes, y a sus amigos en el mundo, a explorar caminos de interlocución que fijen una salida democrática para el país.

Las tensiones entre Cataluña y España son centenarias. En el pasado (ver infográfico de contraportada) han permeado graves confrontaciones o crisis políticas que han sacudido a ese país. Su más reciente demostración ha nacido en el descontento de los catalanes con las limitaciones a su autonomía y el ejercicio político derivados de la Constitución de 1978, cuya declaración de autonomía apoyaron con la expectativa de obtener reconocimiento como nación con identidad cultural y capacidades propias. Pasados casi cuarenta años del estatuto, los catalanes, como antes lo hicieron los vascos, la sienten estrecha frente a sus aspiraciones a que España actúe como un país que aglutina distintas nacionalidades y, en consecuencia, es una federación que delega poderes reales a las unidades territoriales

Lea sobre la convocatoria a elecciones en Cataluña

La exacerbación de las diferencias que hoy se viven nace en la radicalización del unionismo y el independentismo, producto del enfoque de ambos grupos frente al Estatuto Autonómico, que fue tramitado entre los años 2004 y 2006 por el Parlamento catalán y aprobado en 2006 por el Parlamento español y el referendo de la autonomía. A pesar de su aprobación en procesos democráticos, el Partido Popular demandó el Estatuto ante el Tribunal Constitucional, que lo mantuvo haciendo reformas en catorce artículos y negando la calidad de Nación a Cataluña, una decisión que afecta una aspiración común al 33% de independentistas y al tercio de catalanes-españoles que aspiran a la federalización.

La oposición a la autonomía catalana, que tiene raíces ideológicas en el lazo del Partido Popular con la dictadura de Franco -que persiguió todo asomo de las identidades nacionales no hispanas- ha alimentado el radicalismo de fracciones de extrema izquierda y ultranacionalistas alertas para aprovechar toda ocasión de expandir sus bases, como lo han logrado, a través de movilizaciones y por la apelación, discutible, a la democracia directa, ensayada en las elecciones regionales de 2014, en las que esos sectores tuvieron significativos avances electorales, así como el problemático referendo del pasado primero de octubre, contestado por Rajoy con la criminalización del proceso y sus agentes y convertido por el gobierno de Carles Puigdemont en aliento para la radicalización.

Hoy Cataluña es vista como una región dominada por la polarización de unionistas, que representan al tercio de habitantes asentados la mayoría en Barcelona y Tarragona y que se reconocen hispanos; y de los separatistas, que son otro tercio de la población y son ajenos a vínculos hispanos. Tras esos sectores más publicitados está el otro tercio de la población, que hoy mira con temor el camino que recorre la diferencia; ellos buscan alternativas que faciliten profundizar las autonomías declaradas en 1978, para que a través de reformas consensuadas se conduzca a España hacia una federación, como la alemana, en la que se garanticen autogobierno y autogestión fiscal, al tiempo que se crean posibilidades de reconocimiento del país como una confluencia de nacionalidades, con sus lenguas y culturas, que conviven bajo el reconocimiento de su igualdad, y el tratamiento consecuente con ella. Tal paso significaría, por ejemplo, admitir al catalán, hablado en Cataluña, Valencia y las islas Baleares, y al Euskera, como lenguas oficiales del Reino de España.

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La convocatoria a elecciones hecha por Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, aumenta las tensiones y expectativas. Porque puede ser otro detonante de mayor conflictividad, como muchos temen, o la ocasión, como reclama el diario La Vanguardia, para que ese tercio de país que puede llegar a promover y defender la alternativa de la federalización logre abrir camino a la tercera vía, que los moderados aspiran sea el salvavidas del país y la propia Cataluña.