Tras la captura de Carlos Garzón Villamil, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de la OEA señaló que los actos atribuidos al exfuncionario fueron cometidos por fuera de las funciones asignadas a su cargo.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp/OEA) admitió este domingo que Carlos Garzón Villamil, capturado por la Policía por la venta de cupos a guerrilleros de las Farc para ser incluidos en la Justicia Especial para la Paz (JEP), estuvo vinculado a la Misión como profesional nacional hasta el pasado día 30 de junio, “momento en que finalizó su relación laboral con la Misión, decisión que le fue notificada días antes de la captura”, según un comunicado emitido por la organización.
Según la Fiscalía General de la Nación, al parecer Garzón Villamil le vendió a José Eberto López Montero, alias caracho, un cupo para ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Alias caracho fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado a 26 años de prisión por la masacre realizada en El Retorno (Guaviare), en la que participó cuando era integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en la que fueron asesinadas ocho personas. Dentro de la JEP, alias caracho habría podido reducir su condena o salir libre por confesar los crímenes cometidos, por lo que Garzón Villamil habría cobrado diez millones de pesos para ayudar al condenado, según información divulgada por Noticias Uno.
En su comunicado, la Mapp-OEA añadió que “Garzón fue vinculado a la investigación por actos cometidos por fuera de las funciones asignadas a su cargo” dentro de la misión de apoyo al proceso de paz.
“La Misión estará atenta del desarrollo de la investigación y continuará colaborando con lo que las autoridades competentes requieran, a través de los mecanismos y canales correspondientes”, indicó el comunicado, que añadió que “es parámetro claro de la Misión, la observancia rigurosa de la normatividad legal vigente en Colombia, y que las acciones de sus funcionarios, sin distinción de su nivel o responsabilidad asignada, deben ajustarse a lo allí dispuesto”.
La Misión rechazó “todo acto que vaya en contra o pueda distorsionar los avances en los procesos y acuerdos de paz logrados” y reiteró “su compromiso de seguir trabajando en el cumplimiento de su mandato para aportar a la construcción de Paz en Colombia”.
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