El escándalo de aportes ilegales a campañas políticas está levantando polvaredas alrededor del problema de la financiación de los partidos políticos, sus órganos de apoyo y las campañas electorales
El huracán desatado por el destape de las mañas Odebrecht en América Latina pone a prueba la capacidad de las instituciones democráticas para sanearse de estas contaminaciones; exige a las organizaciones ciudadanas valentía para vigilar los procesos judiciales, y sopesa si las democracias han madurado para diferenciar a quienes la mancillaron de aquellos que la han respetado. Las denuncias sobre infiltración de la constructora brasileña en la organización política de Óscar Iván Zuluaga y donación a la campaña reeleccionista del doctor Santos ponen a Colombia en primerísimo plano del debate por la escandalosa actuación de esa firma.
Juristas, políticos y periodistas, buscan la punta del ovillo que el fiscal general lanzó el miércoles, cuando expuso los testimonios según los cuales la constructora brasileña había destinado un millón de dólares a la campaña reeleccionista, y que enredó en la rueda de prensa en que anunció la compulsa de copias, al Consejo Nacional Electoral. Dadas sus habilidades políticas y jurídicas es imposible que el doctor Martínez Neira haya incurrido en una gaffe que sonrojaría a un novato; lo suyo se asemeja más a una partida de ajedrez en la que se juega hasta la Reina para jaquear a instituciones y personas que posiblemente intentarán ocultar o minimizar la gravedad de los hechos, de ser ciertos.
Al publicar detalles de las informaciones, con nombres de las personas involucradas, e informar sobre los procedimientos subsiguientes, el doctor Martínez Neira parece haber intentado blindar a futuro la independencia de su despacho y del Consejo Nacional Electoral, instituciones que ahora actuarán bajo la lupa de los medios de comunicación y de una ciudadanía hastiada de cinismos. Como reaseguro, alimentó con datos clave a quienes en el periodismo intentan sustituir procesos judiciales mediante interrogatorios a responsables, reales o presuntos, así como con cotejaciones de datos en las que no quedan baches sin revisar. La mirada sagaz del periodismo y el control ciudadano que el doctor Martínez alentó servirían, pues, como cuñas para que ningún poder o interés oculte responsabilidades e implicaciones y evite sanciones. Si estas son las razones que movieron al Fiscal a tamaño show, no deja de ser una manifestación clara de la debilidad del sistema judicial que en condiciones de fortaleza podría respetar al máximo el carácter privado de la etapa de investigación penal, en pro del principio de presunción de inocencia.
Esta no será la última ocasión en que Odebrecht y sus tentáculos, u otros similares, sacudan la opinión y provoquen discusiones que tocan estructuras perversas o en riesgo de deteriorarse dentro del Estado. El escándalo de aportes ilegales, por su origen en un contratista extranjero, e irregulares, por no haber sido incluidos en la contabilidad de la campaña, está levantando polvaredas alrededor del problema de la financiación de los partidos políticos, sus órganos de apoyo y las campañas electorales. De cualquier discusión en este campo no pueden quedar por fuera los privilegios concedidos a las Farc para que ingresen a la política con recursos, acceso a medios de comunicación y circunscripciones especiales. Sin recibir las gabelas estatales que reconozcan su valiente trabajo por construir política alterativa sin corrupción o armas, partidos y organizaciones políticas verdaderamente independientes de las redes del poder, como el Polo Democrático, o incipientes en su organización, como los Verdes, luchan por sobrevivir y ganar el derecho a participar en la contienda presidencial con sus propios candidatos y proyectos. Con el debate sobre la financiación de la política se tienen que abrir discusiones sobre la participación ciudadana, especialmente mediante colaboraciones individuales, y la regulación estatal de tales procedimientos, no únicamente sobre cómo repartir la tajada de los bienes públicos para beneficiar a las exguerrillas.
El aspaviento nacional con el escándalo Santos-Odebrecht alcanzó a ocultar el también gravísimo problema de los tribunales de arbitramento convocados para resolver conflictos del Estado con esa constructora y abiertamente dispuestos a garantizar las exigencias del contratista. Las denuncias por lo actuado en el conflicto del Acueducto de Bogotá y por la renuncia de los árbitros en el tribunal sobre Ruta del Sol muestran sólo dos de múltiples casos, como en el pasado lo fue el del Metro de Medellín, en los sobornos que se pagan para que los beneficiarios faciliten el sometimiento del Estado a tribunales privados, sin superior jerárquico y con mínimos controles. Esos son los poderes que buscan, y obtienen, quienes intentan hacer del soborno su carta ganadora en la contratación pública.