Los desesperos que amenazan a Hidroituango

Autor: Dirección
6 octubre de 2018 - 06:56 PM

Los socios y autoridades responsables de evitar la tragedia parecen perder la calma que necesitan para enfrentar la difícil circunstancia presente y planificar concertadamente los pasos a dar

Apenas han transcurrido cinco meses del taponamiento del túnel de desviación del río Cauca que causó daños severos a la central Hidroituango y dio inicio a un largo proceso que busca entender el porqué de lo ocurrido e intentar la recuperación, que aún se espera posible, del mayor proyecto de generación de hidroelectricidad en el país. El tiempo pasado deja la satisfacción del no costo en vidas humanas y la preservación, al menos aparente, de la mayor parte de las obras civiles de la Central. Pero deja también preocupación porque los socios y autoridades responsables de evitar la tragedia parecen perder la calma que necesitan para enfrentar la difícil circunstancia presente y planificar concertadamente los pasos a dar para evitar su repetición y repercusiones negativas, siendo las más inquietantes la de pérdidas de vidas humanas y daños en el proyecto.

Vea también: La contingencia en Hidroituango

Como socio mayoritario que ve comprometidas sus promesas del plan de desarrollo, que esperaba financiar con los beneficios de los primeros meses de operación de Hidroituango, el gobernador de Antioquia impulsa afanosamente un juicio de responsabilidades a EPM, que juega el doble rol de segundo socio del proyecto y concesionario de su construcción mediante contrato BOOMT (ver infográfico). Para su propósito, ha utilizado delicadas denuncias anónimas sobre la forma como en EPM manejan las crisis internas y un estudio realizado por profesores de Ingeniería de la Universidad Nacional, contratados por la Gobernación para investigar los errores del proyecto. La divulgación parcial de la investigación, centrada en ocho puntos críticos no en la metodología -que siempre es esclarecedora- o en otros hallazgos, propicia el manejo político de un documento técnico, que estaría más llamado a servir entre otros como insumo de las necesarias discusiones académicas y jurídicas que permitan identificar objetivamente las causas del taponamiento, las responsabilidades, la situación presente de la central y sus futuros riesgos. El escenario presente rompe con la tradición de cooperación, a veces intensa, otras razonable, de la Gobernación y la Alcaldía, y las hace pasar de la desconfianza a la confrontación.

Lo invitamos a leer: Testimonio de un retroceso

No menos rimbombantes y temerarias han sido las intervenciones de autoridades nacionales, como la Anla, que también ha sido objeto de señalamientos apriorísticos, y la Contraloría General de la Nación, que en poco menos de un mes ha proferido dos sentenciosos pronunciamientos, construidos con metodologías desconocidas por la opinión, que ponen en tela de juicio todo el proceso de concepción, planeamiento y construcción de Hidroituango, y que especula sobre posibles riesgos de sobreprecio de la energía en los próximos años, causados por la necesidad de generar energía térmica si se presentara un nuevo Fenómeno del Niño. De ocurrir tal circunstancia, el juicio no debiera recaer únicamente sobre Hidroituango, también tendría que considerar el impacto que sobre la seguridad y soberanía del sector eléctrico han tenido la venta de Isagén a un fondo de inversiones privadas, las exageradas cortapisas políticas de la Anla contra la generación hidroeléctrica y hasta el incumplimiento de Venezuela respecto al gas que Colombiale prestó en momentos de necesidad extrema.

 

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En su doble condición de socio y concesionario del proyecto, EPM y su dueño, el Municipio de Medellín, enfrentan una compleja coyuntura que les exige máximo rigor a la hora de dar trámite a los problemas cotidianos de la central y atender la coyuntura pública, de manera que su respuesta y acciones permitan el fortalecimiento de EPM como la principal empresa de servicios públicos del país.

Contraatacar en la justicia penal para que allí siga la discusión planteada por el gobernador de Antioquia, su socio y compañero en la junta de Hidroituango, y una concejal, miembro de la institución que debe vigilar a EPM, es un paso excesivo que, como lo han reconocido distintos opinadores, poco contribuye a amainar las aguas y a resolver las urgencias presentes, referidas a la recuperación o, Dios no lo quiera, cierre del proyecto, y las necesidades futuras de Hidroituango y de EPM.

Lea además: Qué debe seguir para Hidroituango

Un fuerte e innecesario aire político tiene la actual presión, ahora coadyuvada por algunos líderes políticos y dirigentes gremiales, al Concejo de Medellín para que apruebe el Proyecto de acuerdo 150, que propone vender la participación de EPM en ISA, empresa mixta eje de la transmisión de energía eléctrica en el país, así como la controvertida decisión de no someter al Concejo la propuesta de vender la rentable Aguas de Antofagasta. Ambas ventas, quién sabe qué tan buenas, ocurrirían por la decisión del Municipio de Medellín de no renunciar a que EPM le transfiera el 30% de sus utilidades ordinarias para el ejercicio 2019, último año de la actual administración municipal. En las tres materias se trata de determinaciones que trascienden la coyuntura actual y sientan precedentes sobre el manejo de crisis en la empresa de servicios públicos. Por tales razones, es deber de los concejales estudiar detenidamente la iniciativa y circunstancia, atender los distintos argumentos antes de tomar decisiones que repercuten sobre Hidroituango y EPM, recordando que para estudiar, deliberar y decidir a nombre de la ciudadanía que representan es que fueron elegidos concejales de la ciudad.

Vea también: Concejo y activos de Chile, conceptos encontrados

 

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