Sin cambios en el histórico modelo de comparecencia de los gremios empresariales y las centrales sindicales y con iguales condiciones en la distancia de las posibilidades que exponen los empresarios y las necesidades que expresan los representantes de los trabajadores asalariados, ha transcurrido la primera ronda de conversaciones de la Mesa nacional de concertación de políticas laborales y salariales. Esta instancia, que debería tener máxima importancia en la asesoría al Gobierno en materia de políticas laborales, se ha reducido a este complicado tejemaneje de discusiones públicas sobre el valor del trabajo formal.

Aunque la larga, y generalmente inútil, discusión sobre el salario mínimo, ocupa la atención del Gobierno y los medios de comunicación, ella no es particularmente relevante para la población trabajadora, pues de los 13 millones de personas ocupadas en el país, apenas 1,7 millones recibe salario mínimo mientras que 6,3 millones, que son los trabajadores informales, no pacta un salario por su labor. Esto reconoce nuestra tesis de que la discusión sobre el mínimo no versa sobre el salario, sino que se ocupa de la definición de un indicador que afecta cobros y tarifas, en su mayoría vinculados a servicios prestados u obligaciones contraídas con el Estado.

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Dada la persistencia en este ritual, muchas veces inútil porque el salario termina siendo definido por el Gobierno, sus participantes están invitados a comprender que el entorno económico actual no es el optimista de hace ocho o nueve años, cuando los resultados de la economía permitieron fijar ese indicador en cuatro y hasta cinco puntos por encima de la inflación, según análisis de la Universidad Externado de Colombia. La caída de la productividad laboral, que el Dane determinó en -0,24 frente a los resultados de 2016; el retroceso en el crecimiento económico, que apenas alcanzaría un mediocre 1,6% anual y el crecimiento en la tasa de desempleo, que fue de 0,3 puntos en el resultado de octubre de 2017 frente al obtenido en ese mes de 2017, señalan una situación económica para preocuparse.

En estas condiciones presentes, la negociación del indicador “salario mínimo” exige a trabajadores, empleadores y Gobierno, tener máxima responsabilidad al tomar decisiones que van a impactar el comportamiento de la economía en un contexto ya afectado por el retroceso de los indicadores y la notable pérdida de confianza de los distintos agentes y observadores.