Legalizando lo ilegal

Autor: Jaime A. Fajardo Landaeta
7 febrero de 2018 - 12:06 AM

Las rentas ilegales están sólidamente articuladas con los negocios legales.

Según la fiscal Nacional contra el Crimen Organizado, Claudia Carrasquilla, fue desarticulada una banda que lavó activos por $219.000 millones para el Clan del Golfo, y que operaba en las ciudades de Medellín y Bogotá. Demostración de que estamos ante toda una empresa criminal organizada, y no ante una simple agrupación de combos y bandas que merodean por las comunas citadinas.
Hemos afirmado en columnas y análisis de opinión que resulta clave luchar contra todas las estructuras de la mafia y el crimen en sus diversos frentes, como lo vienen haciendo las autoridades; que mientras no se golpee su base económica, la labor de las autoridades será insuficiente. Se trata de uno de los negocios más productivos del mundo: no paga tributos ni se enreda en burocracias gremiales y estatales; además, supo articular las rentas ilegales con la economía formal. Una osadía imposible para los integrantes de los combos o bandas, pero fácil para unos actores enquistados en los sectores empresarial, financiero y comercial. Actividad próspera, incluso en el exterior.
Hace algunos meses el presidente de la textilera Fabricato advertía que la crisis que soporta su empresa se debía principalmente al lavado de activos y al contrabando. En igual sentido se pronunció el director de Inexmoda el año pasado. Solo en algunos centros urbanos el contrabando sobrepasa la economía formal. La mercancía ingresa con papeles legalizados desde los mismos puertos, a pesar del esfuerzo de la Dian por impedirlo.

Vea también: Sometimiento sí pero
Esta empresa criminal opera, en algunas ciudades, en forma piramidal: en la base, las estructuras delincuenciales; en el medio, los jefes mafiosos, y en la cima los enlaces encargados de la legalización del dinero. Con desinterés de algunas autoridades por desentrañar la enmarañada cúspide. Con algunos empresarios, comerciantes y financistas reacios al tema, que tampoco colaboran con las autoridades, aunque son conscientes del alcance ilegal de esa economía. Ellos también se distraen buscando el problema en la base de la pirámide, o en los mandos medios y altos, y desoyendo las voces de alerta que proliferan.
El dinero producto del contrabando, la extorsión, las vacunas, el secuestro, el narcotráfico y sus diversas variantes no duerme bajo los colchones de los jefes mafiosos, gran parte está invertido en empresas y actividades económicas, o articulado con los negocios legales.
Ahora bien, el incremento o disminución de los crímenes depende de las exigencias de la expansión de tales rentas, no tanto de pactos del fusil o de captura de jefes criminales, sin desconocer su impacto. Lo de fondo aquí es la capacidad de movilidad que puede lograr en la economía del país o en algunos de sus sectores. Una arista del problema: existen adecuados planes de ordenamiento territorial, pero la empresa criminal ejerce pleno control sobre los usos del suelo. Sucede con gran parte del sector inmobiliario y de propiedad raíz de las grandes ciudades.

Vea: Un Estado presente y actuante
Se trata de un problema estructural heredado del imperio de los carteles de la droga, cuya influencia define el rumbo de la política y la economía del país. Es difícil ejercer controles si desde la misma economía legal, permeada por esos capitales ilegales, se financian muchas campañas electorales, sin necesidad de mostrarse haciendo aportes directos.
La comprensión del fenómeno deja claro que, aunque las autoridades propinen golpes significativos al crimen organizado, este se reproduce sin límite. Además, quienes deberían colaborar decididamente en la persecución de las rentas ilegales y el lavado de activos permanecen indiferentes. Bien podrían aprovechar la Justicia Especial de Paz (JEP) para acabar con esta alianza que fortalece la cadena mafiosa, para legalizar esos dineros, que servirían para reactivar la economía y hasta para pagar la deuda social contraída con las víctimas del conflicto armado. De paso, se impediría el retorno a los tiempos de la guerra que muchos añoran, y que alienta algunas posiciones opuestas a los acuerdos de paz.

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