El autor, con el aporte del historiador Rodrigo Llano, hace un recorrido por la historia del Partido Liberal, enfatizando en sus grandes crisis hasta llegar a la actualidad, convertido en una minoría política, después de haber ostentado un gran apoyo popular que no supo sostener.
Guillermo Mejía Mejía
Especial para EL MUNDO
La mayoría de los historiadores coinciden en aceptar la fundación del Partido Liberal, como un hito histórico, con la publicación en el número 26 del periódico El Aviso, el 16 de julio de 1848, de un artículo escrito por el abogado José Ezequiel Rojas Ramírez, denominado La razón de mi voto, en el cual explicaba la razón de su determinación y de un grupo de sus amigos para votar por el candidato José Hilario López en las elecciones del año siguiente. Ese artículo contiene una serie de principios que luego serían el fundamento ideológico de lo que después se conocería como el Partido Liberal y que aún están vigentes.
Ese ideario liberal de Ezequiel Rojas, es lo que el Partido ha venido defendiendo desde ese año en diferentes eventos políticos, con inclusión, desafortunadamente, de las guerras civiles del siglo XIX.
Si bien el discurrir de un partido político es precisamente la discusión de las ideas que se deben materializar en actos de gobierno cuando se alcanza el poder, este ejercicio no siempre ha sido quieto y pacífico sino lleno de divisiones, traiciones y violencia, o sea crisis y vicisitudes cuando se trata de la historia de los partidos políticos colombianos, como veremos:
La primera división
En el poder, el general liberal José Hilario López, consideró que la ideología liberal debía inspirarse en el liberalismo inglés que propugnaba por un desarrollo económico basado en el libre mercado y en la competencia y por lo tanto el Estado no tenía por qué fijar barreras arancelarias para proteger la producción nacional y fue así como abolió de un tirón las tarifas que protegían la incipiente producción artesanal y dejó a estos pequeños empresarios a merced de los productos importados de países más adelantados industrialmente para la época, más baratos y de mejor calidad. Los artesanos reaccionaron y se organizaron en un movimiento político al que le dieron el nombre tomado del legislador griego Dracón, famoso por las severas leyes de fuerte contenido. De ahí su nombre de draconianos. Esta facción liberal defendía la pena de muerte y el viejo sistema del patronato, la centralización y la conformación de un ejército grande y, desde luego, sus líderes se opusieron a las medidas de liberación de importaciones que iban a acabar con la manufactura nacional.
Curiosamente la otra facción liberal se inspiró en el mártir del Gólgota que, según sus miembros, propuso una sociedad igualitaria. Defendían la libertad de industria, de comercio y la defensa del consumidor. A pesar de su nombre, proclamaban la libertad religiosa, la abolición de la pena de muerte, eran partidarios del federalismo y creían que el país no necesitaba un ejército grande sino uno reducido.
Esa pues fue la primera división liberal de que se tiene noticia, que terminó con el triunfo de Gólgotas y conservadores que se unieron para derrocar al general golpista José María Melo, apoyado por los draconianos, con la toma de Bogotá el 4 de diciembre de 1854. Muchos draconianos fueron expulsados del país y algunos confinados en la inhóspita selva panameña.
Las guerras civiles
El siglo XIX estuvo signado por una intolerancia política entre los dos partidos tradicionales y muchas veces entre facciones de éstos. Se cuentan siete guerras civiles:
La de los Supremos en 1839; la de 1851; la de 1861; la de 1876; la de 1885; la de 1895 y la de 1899 conocida como la Guerra de los Mil Días.
Estas guerras fueron, en general, nefastas para el liberalismo y dieron origen a lo que se conoció como la hegemonía conservadora durante la cual se dieron casos extremos como el de un solo representante liberal en el congreso de 1892-1896, Luís Antonio Robles, el Negro Robles y el caso de Rafael Uribe Uribe, único representante en el de 1896-1900.
El desierto de 46 años
Rafael Núñez, que antes había sido liberal, ganó la Presidencia de la República en el año de 1884, con el apoyo del Partido Conservador y comenzó así una sucesión de gobiernos conservadores que duraron 46 años en el poder hasta el año 1930.
En ese año electoral el partido conservador se dividió entre el poeta Guillermo Valencia Castillo y el general Alfredo Vásquez Cobo y, por el medio, entró al gobierno el liberal Enrique Olaya Herrera. Comenzaba así un periodo de gobiernos liberales que durarían hasta 1946 que encabezaron en su orden Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos Montejo, otra vez López Pumarejo y finalmente Alberto Lleras Camargo.
La renuncia de López Pumarejo
Otro traspié del Partido Liberal fue la renuncia de López Pumarejo a su segunda presidencia de la República, presionado por la oposición conservadora y por la misma división liberal. El asesinato del boxeador Francisco A. Pérez, conocido con el apodo de Mamatoco, crimen esclarecido judicialmente, pero convertido por Laureano Gómez como un crimen de Estado, debido a que los rumores populares sostenían que él había sorprendido a Pedro López Michelsen, hijo del presidente, en un automóvil sosteniendo relaciones sexuales con una dama de la sociedad, cerca al parque nacional y algunos negocios del otro hijo del presidente, Alfonso, más tarde también presidente, dieron al traste con este segundo gobierno de López Pumarejo y prepararon la derrota liberal desunido en las elecciones de 1946, frente al conservador Mariano Ospina Pérez.
La división liberal de 1946
Otra vez el Partido Liberal, dividido entre una facción encabezada por Eduardo Santos y otra de tendencia socialista dirigida por Jorge Eliécer Gaitán, se presentó a las elecciones de 1946 y a pesar de que la colectividad obtuvo 800.156 votos y el candidato Ospina Pérez 565.939, este se alzó con la victoria pues el candidato de Santos Montejo, Gabriel Turbay Abinader, obtuvo 441.199 votos y Gaitán 358.957, cifras que le permitieron al candidato conservador entrar al poder por el camino del medio.
Asesinato de Gaitán y la violencia
El sacrificio de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, es el punto de partida que según la generalidad de los historiadores aceptan como el inicio de la época de la violencia, fenómeno social que llegó a unos extremos de odios profundos entre liberales y conservadores con unas manifestaciones vesánicas de la más absoluta crueldad, que es considerada por algunos como una guerra civil no declarada.
El 7 de agosto de 1950 asume la presidencia de la República Laureano Gómez Castro, después de una campaña sin contendor, luego de la renuncia del candidato liberal Darío Echandía víctima de un atentado en el que murió su hermano Vicente. De inmediato se desató la más terrible violencia política, propiciada desde el gobierno que quería, a sangre y fuego, modificar las mayorías políticas liberales por adeptos conservadores. La novela “Cóndores no entierran todos los días”, de Gustavo Álvarez Gardeazábal, es precisamente la narración de la vida de un asesino conservador, León María Lozano, apodado El Cóndor, quien era un practicante católico en el día y se convertía en asesino en la noche matando militantes liberales.
El libro “La Violencia en Colombia”, escrito por monseñor Germán Guzmán Campos, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda, en 1962, por encargo del gobierno del doctor Alberto Lleras Camargo, una verdadera historia de lo que pasó, hace una descarnada relación del origen del conflicto y de la impunidad que lo rodeó. Desde luego el libro no cayó bien en las élites conservadoras que lo vieron como una violación de los pactos del Frente Nacional.
EL golpe de opinión de Rojas Pinilla
La situación de violencia del país y el desgobierno de Laureano Gómez, originaron el golpe de estado del 13 de junio de 1953, promovido por doña Berta Hernández de Ospina Pérez, por el propio expresidente Ospina y avalado por los dirigentes liberales.
Darío Echandía no lo llamó golpe de Estado sino “golpe de opinión”. El general Rojas Pinilla gobernó hasta el 10 de mayo de 1957, fecha en la cual renunció y dejó en el poder a una junta militar, ante las presiones de un paro empresarial y obrero que no quería la continuidad de su mandato, prohijada por una Asamblea Nacional Constituyente de bolsillo, muy similar a la que actualmente funciona en Venezuela.
La Junta Militar integrada por los generales Gabriel París Gordillo, Deogracias Fonseca Espinosa, Rafael Navas Pardo, Luis Ernesto Ordóñez Castillo y el contralmirante Rubén Piedrahita Arango, gobernó bien al país hasta el 7 de agosto de 1958, fecha en la que asumió como primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo.
El Frente Nacional y la disidencia del MRL
Ante la insostenible violencia política entre los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez Castro firmaron un pacto en las ciudades españolas de Sitges y Benidorm, ambas sobre la costa mediterránea, que básicamente se refería a la alternancia en el poder de los dos partidos en las tres ramas del poder y de la Registraduría, mediante una reforma constitucional que fue votada por la inmensa mayoría del pueblo colombiano en el plebiscito celebrado el domingo primero de diciembre de 1957 sobre un texto de 14 preguntas que más lo asemejaban a un referendo pero que en el fondo, finalmente, lo que quería y avalaba la gente era la paz.
Curiosamente en un país que se llamaba demócrata, era la primera vez que las mujeres votaban.
Dos dirigentes políticos liberales, Alfonso López Michelsen y Álvaro Uribe Rueda, no estuvieron de acuerdo con los pactos aprobados en el plebiscito de 1957 y crearon un movimiento llamado Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, que cuestionaba la antidemocracia del pacto del Frente Nacional dominada por solo dos partidos. Su programa de salud, educación, techo y tierra (SETT), tuvo mucha popularidad y logró en las elecciones de 1960 y 1962 colocar 33 representantes y 12 senadores respectivamente. El movimiento se unió al partido liberal oficialista en 1967, con el nombramiento de López Michelsen como primer gobernador del departamento del Cesar. Según la opinión de algunos politólogos, esa fue la única disidencia liberal que valió la pena. Las demás no fueron tan importantes, incluidas el gaitanismo y el Nuevo Liberalismo de Galán, también integradas al partido liberal oficialista.
Los tres últimos desastres liberales
El proceso 8.000, si fuera en términos de boxeo, sería un jab de derecha que tumbó al Partido Liberal a la lona. De ese traspié no se ha recuperado y todavía se sufren las consecuencias de la narcofinanciación de la campaña de Samper.
2° La derrota de Horacio Serpa, candidato oficial del Partido Liberal en el 2002, por parte del disidente liberal Álvaro Uribe Vélez, que lanzó al partido a la oposición de un gobierno de derecha, que se reeligió por métodos poco ortodoxos, métodos de los cuales hay condenas judiciales para miembros del mismo que fueron los que promovieron en el Congreso las reformas constitucionales necesarias para revivir la figura de la reelección. Ese gobierno prácticamente postró al Partido Liberal.
3° La candidatura de Rafael Pardo, un burócrata desteñido, sin carisma, sin discurso, que venía de fundar el partido Cambio Radical, primero, y luego militante del uribismo y defensor del referendo de ese gobierno. Vuelve y cae al Partido Liberal y es ungido como candidato oficial. El partido, con él, por poco pierde la personería jurídica pues casi no alcanza el umbral del 3% exigido por la Constitución para conservarla.
La última embarrada
El partido liberal, en el pasado Congreso, decide escoger su candidato por el método de la consulta externa que autoriza el artículo 7° de la ley 1475 de 2011, norma sumamente inflexible pues obliga al candidato escogido a permanecer con el resultado de la misma y no da margen de maniobra para posibles coaliciones, a sabiendas que ningún partido, por sí solo, está en capacidad de lograr una victoria electoral. Después de muchas economías, el costo de la consulta se logró reducir a 40.000 millones, suma aun exorbitante que va a tener, eso sí, unos costos políticos enormes pues a la gente del común no le cabe en la cabeza que la organización electoral se gaste semejante suma para escoger una candidato que eventualmente decline su aspiración, violando la ley, en aras de una dudosa coalición.
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